Es fácil dar las cosas por sentado, pensar que los derechos y las libertades que tenemos hoy no fueron ganados en las calles y en los Congresos mediante la protesta y la presión social y política, sino que simplemente existen y ya. Pero ante lo que está sucediendo en nuestra región, deberíamos reconsiderar y estar alertas: los derechos no están fijos y hay que pelearlos a diario.
Ejemplos sobran, no solo en otros países del sur global sino incluso en el “primer mundo”. En 1973, Estados Unidos despenalizó el aborto en todo el país. Casi 50 años después, en 2022, la Corte Suprema decidió revocar esa decisión. Hoy ese tema es fundamental en la discusión pública ante las elecciones presidenciales de noviembre, después de que las votantes —incluso republicanas, de derechas–— se dieran cuenta del problema en que se habían metido: hay estados, como Alabama, donde se prohibió la fertilización in vitro. Aún así, el ex presidente Donald Trump, quien tiene un discurso poco claro (y a conveniencia) sobre la necesidad del aborto legal, está adelante en las encuestas.
Hace unos días, el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, clasificó a “el transexualismo” como un problema de salud mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud excluyó a la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años (y se presentó la propuesta a los Estados miembros desde 2019). Por supuesto, organizaciones civiles locales e internacionales, como Human Rights Watch, criticaron esa determinación. Pero hasta el 23 de mayo, el gobierno no la había modificado.
Los derechos que se han ido perdiendo en la región no solo tienen que ver con temas de salud. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó a principios de mes, por vigesimosexta ocasión, un régimen de excepción en todo el país con la justificación de “combatir a las pandillas”. Este régimen suspende derechos fundamentales como poder tener acceso a un abogado si se es detenido o poder ser informado de los motivos. Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constituciones no puede exceder los 30 días, pero está activo desde el 27 de marzo de 2022. Hay miles de probables inocentes detenidos por ser “sospechosos” y al menos 241 personas detenidas en este régimen han muerto en la cárceles, pero Bukele acaba de ganar la reelección como presidente.
En Argentina, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei hizo un ajuste a la baja al presupuesto de las universidades públicas —proponía darles el mismo dinero que en 2023, aunque la inflación interanual llegó en marzo a 290 por ciento—, lo que movilizó a las calles a decenas de miles de personas para exigir que el Estado mantuviera a flote la educación gratuita. Al final, el gobierno debió ceder ante las protestas.
Al final este no es un tema de derechas o de izquierdas, sino de gobiernos que insisten en reducir o anular derechos básicos. Es el caso de Venezuela, Cuba o Nicaragua, cuyos gobernantes se autonombran de izquierda, pero donde los derechos a elecciones libres, a la manifestación o incluso a la libertad de expresión están vetados de facto.
Los derechos básicos que hoy tenemos, que parecen algo ganado para siempre, no son inamovibles y los ejemplos son contundentes. Es necesario no solo tenerlo claro, sino pelearlos en las urnas, en las conversaciones y en las calles.
