La crisis sanitaria del covid-19 ha colocado a América Latina frente al espejo y el reflejo cada vez es peor. La corrupción, el nepotismo y la desigualdad han ido creciendo en estos meses, y se han hecho aún más visibles en esta fase de la aplicación de vacunas. También ha quedado cada vez más claro el tipo de clase política que tenemos: egoísta, cobarde y que solo busca sus propios intereses.
Más allá de la crisis económica y social en la que estamos —y estaremos— sumidos, estas últimas semanas han mostrado la desigualdad entre gobernantes y gobernados, y la falta de empatía del poder hacia la población. En este parteaguas histórico, esto debería ser una última llamada de alerta para la sociedad latinoamericana.
Por ejemplo, en Perú —donde los escándalos políticos los han llevado a tener cinco presidentes en la última década—, periodistas descubrieron que centenares de personas poderosas, incluidos funcionarios públicos como el ex presidente destituido Martín Vizcarra, se habían vacunado en secreto antes que el resto de la población y los trabajadores sanitarios.
Lo señaló bien el periodista Jonathan Castro en un artículo en Post Opinión: “Ninguna sanción que reciban los vacunados irregularmente —sea la destitución o las consecuencias penales— será comparable con el beneficio que lograron: asegurar sus vidas”. Estos casos de gente que aprovecha su poder y cargo para vacunarse se han repetido en muchos países del continente.
En Chile, un país acusado frecuentemente por organismos internacionales por la violación de los derechos humanos, el gobierno anunció que no vacunaría a inmigrantes indocumentados. Amnistía Internacional señaló que el país “escoge el camino de la discriminación, la negación de los derechos de poblaciones vulnerables y deja de lado las mejores prácticas sanitarias”. Al final, el gobierno chileno reculó, pero queda claro que las prácticas contra los derechos básicos pretenden normalizarse aprovechando esta contingencia.
Colombia no es la excepción. En el plan inicial de vacunación el gobierno no incluía a la Amazonía, una zona pobre e indígena. Hasta que se desató el escándalo se anunció que había sido un “error involuntario”, que sí se le destinarían 54 de las 50,000 vacunas.
En México hemos vivido situaciones similares a estas. Desde directores de hospitales —como José Rogel Romero, no olvidemos su nombre— que vacunaron a sus familiares antes que a los trabajadores sanitarios, hasta denuncias de discriminación gubernamental por la exigencia de tener una CURP para poder registrarse en el portal de citas de vacunación. Aquí, además, hay que sumar la polarización entre la población que apoya al presidente y quienes no, la cual llegó al punto de discutir sobre las filas que los adultos mayores hacen para vacunarse.
Esta crisis solo ha exacerbado los problemas que ya existían desde antes pero eso, por supuesto, no es pretexto para que la corrupción, el egoísmo y las malas políticas públicas permanezcan. El reflejo que vemos de nuestro continente no puede seguirse deteriorando. Los ciudadanos hemos soportado estoicamente este año de pandemia y nuestros gobernantes también deben estar a la altura del reto.
