Las recientes protestas en Ciudad de México contra la gentrificación y la inmigración extranjera han puesto en relieve un problema aún más grave: la falta de oferta de vivienda digna y asequible para las personas de clase media, que se ven desplazadas hacia afuera de los barrios recientemente aburguesados. El desmedido aumento de los alquileres en colonias como Roma y Condesa obliga a los jóvenes que han crecido allí a salir a buscar casa a la periferia, donde los costos son menores.
Al respecto, queda manifiesta la absoluta dominación de las fuerzas del mercado inmobiliario sobre la producción y gestión de los espacios habitacionales. En ello, el Gobierno ha fallado en la regulación de los procesos inmobiliarios y en el necesario equilibrio entre ofertas comerciales privadas y la vivienda social, cuyo objetivo no es el lucro sino la igualdad de acceso a un satisfactor que es un derecho constitucional de los mexicanos.
Desde luego la legítima queja sobre el aburguesamiento conlleva una reacción xenófoba que le resta legitimidad, dado que el libre mercado inmobiliario y la ausencia de predios reservados para uso social son factores que favorecen a la población con alto poder adquisitivo, como es el caso de los estadunidenses que trabajan a distancia.
Está abierto nuevamente el debate entre los defensores del libre mercado y sus detractores, lo cual es lógico y comprensible, pero el acceso a la vivienda digna y asequible para la mayoría de la población no debería estar sujeto a esa misma discusión.
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El coloquio de 17, Instituto
El viernes pasado se llevó a cabo una manifestación pacífica en el Foro Lindbergh con el lema: “Fuera gentrificadores”, este tema también se discutió en la edición 38 del coloquio de 17, Instituto, llevada a cabo en enero y cuyo título fue “Realidades urbanas, ciudad producida, ciudad habitada”.
