En Hidalgo los casos de violencia escolar han tenido consecuencias sumamente graves. Apenas en marzo de este año un niño en Mixquiahuala resultó con una grave lesión ocular perdiendo la visión en un ojo y, en Santiago de Anaya, otro niño falleció por consecuencia de las agresiones que recibió por sus compañeros de la escuela primaria.
En el mismo mes, Natividad Castrejón, titular de la Secretaría de Educación Pública del estado informó que, hasta entonces, contaban con 161 reportes de casos de violencia escolar durante el ciclo escolar.
Lo que indica que el trabajo que se hace para la prevención de la violencia en entornos educativos es insuficiente.
Desde 2013 en Hidalgo contamos con una Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, la que reconoce que la violencia escolar tiene graves consecuencias para quienes la generan como para quienes la padecen.
Dicha ley también señala la responsabilidad en el tema de parte de las escuelas públicas y privadas del estado, gobiernos, padres (y madres) de familia, organizaciones de la sociedad civil, así como la población en general.
Sin embargo, corresponde a la Secretaría de Educación Pública liderar el trabajo integral para el cumplimiento de las acciones, proyectos y políticas del Programa Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar.
No obstante, el mencionado programa, así como estadísticas institucionales sobre la violencia escolar no se encuentran de manera pública.
Lo que sí contamos es el Programa Nacional de Convivencia Escolar y un Protocolo de Convivencia Escolar, que resultan insuficientes para integrar a todos los actores políticos y sociales en la intervención de la problemática.
Lo que es más grave, porque además de la incidencia del acoso escolar, carecemos de estrategias, programas y políticas para su atención. ¿Cuántos casos serán necesarios para prestar atención al tema?
