En México, la salud mental sigue siendo la gran deuda del sistema de salud. Mientras la OMS recomienda destinar al menos el 5 % del gasto en salud a este rubro, nuestro país apenas alcanza el 1.6 %. Este déficit no es solo un número, se materializa en carencias en especialistas, infraestructura insuficiente y acceso limitado para quienes más lo necesitan. En otras palabras, millones de personas enfrentan una doble vulnerabilidad: la de su salud y la del abandono institucional.
La salud mental no es un lujo ni un tema individual, es un asunto de salud pública que impacta en la calidad de vida de nuestras sociedades. Cuando no se atienden los problemas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias o trastornos graves, las consecuencias alcanzan a las familias y hasta las comunidades.
De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en México existen 357 mil 044 profesionales de la Psicología, pero esta cifra no cuenta toda la historia. Tener profesionales no garantiza una atención adecuada para los problemas de salud que están presenten en nuestra población ni tampoco se asegura que su práctica esté alineada con la evidencia científica.
La psicología basada en la evidencia implica integrar la mejor investigación científica disponible, la experiencia clínica, la valoración del contexto y la visión profesional de quien ejerce la psicología hacia la persona atendida. Esta aproximación es considerada la más ética y efectiva para garantizar resultados con sustento. Sin embargo, en México no existe un registro que indique cuántas personas profesionales la aplican. Una práctica clínica sin lineamientos claros ni exigencias de actualización compromete la calidad del servicio, que depende más de la voluntad que de una política sólida de salud.
La salud mental importa y se construye con ciencia, recursos y voluntad política. Urge que México incremente la inversión, pero también que garantice formación continua basada en evidencia y fomente la práctica profesional.
