El paro estudiantil de la UAEH nos dejó, además del orgullo de una generación movilizada, la certeza de que las juventudes universitarias son más conscientes de las violencias que sus docentes y autoridades.
Desde hace años las instituciones educativas arrastran mañas que protegen estructuras de poder y abuso, antes que garantizar entornos seguros y libres de violencia para sus comunidades. Aunque los sectores más conservadores se empeñen en decir que los estallidos estudiantiles de los últimos meses son infundados, basta con observar la historia para saber que no son hechos aislados, sino la expresión organizada de las generaciones que ya no están dispuestas a normalizar el abuso de poder.
Hoy sabemos que la generación de estudiantes que crecieron en un contexto de sensibilización a las violencias, cuentan con mayor acceso a la tecnología y la información, ha elegido tomar la palabra y exigir atención hacia los problemas que enfrentan en las aulas.
Ejemplo de ello son el Centro Regional de Educación Normal (CREN) Benito Juárez en marzo pasado y recientemente la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT). Ambas, instituciones de nuestra entidad hidalguense, lo que habla mucho del contexto local educativo: los cuerpos de autoridad universitaria no están respondiendo a la altura de las necesidades y problemas de la juventud.
Mientras las y los estudiantes apelan a mecanismos democráticos como paros, carteles, convocatorias públicas y asambleas, las autoridades educativas responden con mesas de diálogo improvisadas, suspensiones provisionales y la promesa de investigar, pero eso ya no basta.
Que las denuncias formales sean procesadas de manera lenta y sin resultados, que los señalados de acoso sigan impartiendo cátedra, o que las protestas sean deslegitimadas envían mensajes de las debilidades para responder a ello. Todo esto mina la confianza en las instituciones educativas y convierte el aula, espacio que debería ser de diálogo y aprendizaje, en una trinchera.
El problema no es solo el acoso o el abuso por sí mismo, a ello se suma que las instituciones educativas no han sabido actualizar sus estructuras y formas de gobierno para acompañar a una generación con otra sensibilidad política y ética.
