No se requiere ser analista para apreciar la magnitud de la inconsistencia entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto al robo de combustible. Mientras que el primero presumió que había resuelto el problema (“no hay huachicol”), la segunda lanza operativos espectaculares y presume decomisos históricos.
Esta incongruencia podría pasar desapercibida, una más de las muchas a las que nos tienen acostumbrados los políticos. Pero en este caso las cantidades involucradas son estratosféricas. El huachicol, en todas sus variantes (robo en ductos, contrabando, facturación falsa y evasión fiscal), dejó un agujero estimado de 25 mil millones de dólares el sexenio pasado: 17 mil millones en pérdidas directas para Petróleos Mexicanos y 8 mil millones en impuestos no recaudados.
Es una cifra escandalosa. Esos 25 mil millones de dólares equivalen a siete veces el presupuesto anual de la Secretaría de Salud, ocho veces el de la UNAM, y es prácticamente igual a lo que se destina a la Pensión Universal para Adultos Mayores. Estamos hablando de un desfalco monumental, imposible de imaginar sin la participación de actores de alto nivel.
Una operación de esta escala y complejidad requiere de instituciones financieras para lavar dinero, agentes aduanales para facilitar el contrabando, políticos, funcionarios y militares para facilitarlo o hacerse de la vista gorda, empresas transportistas, pipas, estaciones de servicio y financiamiento continúo. Esto no funciona con personajes menores.
¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los peces gordos? Que yo sepa, no hay un solo político, funcionario, empresario, militar o banquero de alto perfil investigado en México, y mucho menos en la cárcel. El costo del huachicol va más allá de las finanzas públicas. La ineficacia histórica del Estado para enfrentarlo alimenta la preocupación de Estados Unidos sobre el poder del narcotráfico en nuestro país, en particular por su capacidad para exportar fentanilo. Tampoco es buena noticia para Pemex, que sigue desangrándose financieramente por culpa del huachicol y al que no le habrían caído nada mal los 17 mil millones de dólares perdidos para amortiguar su enorme deuda.
El gobierno de Sheinbaum parece ser mucho más consciente de la magnitud del problema que su antecesor. Tan solo la semana pasada se incautaron 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, el mayor decomiso en lo que va del sexenio. Un avance relevante, pero uno que muestra que el huachicol está más vivo que nunca.
El ex presidente afirmó en su momento que el huachicol se redujo en más de 90% durante su mandato y que el problema estaba resuelto. Sin embargo, cifras oficiales y reportes independientes muestran que se duplicó en ese periodo. Quieran o no admitirlo, la enérgica estrategia de Sheinbaum contra el huachicol contradice abiertamente la narrativa triunfalista de López Obrador.
