Hace un par de meses la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a la sociedad financiera popular (Sofipo) CAME. La noticia sacudió a más de un millón de clientes, muchos de los cuales exigen al regulador la restitución total de sus ahorros y lo acusan de una supervisión deficiente y de omisión ante señales tempranas de posible fraude.
Bajo este contexto la pregunta es: ¿debe el gobierno resarcir el daño y cubrir todos los ahorros de los afectados?
Las reglas del sistema financiero mexicano son claras y tienen sentido: existe un tope máximo asegurado de poco más de 200 mil pesos para los ahorradores en Sofipos a través del fondo de protección (Prosofipo). Todo depósito dentro de este límite debe recuperarse. Pero más allá de esta cantidad, la recuperación no está garantizada. ¿Por qué el trato diferente? Porque proteger a todos no es viable ni justo para el país. De entrada, los recursos que se destinarían a cubrir a esos grandes ahorradores saldrían del bolsillo de todos los mexicanos. Más aún, se estarían creando incentivos perversos: se premiaría la toma excesiva de riesgos y los inversionistas solo buscarían tasas altas, sin preocuparse por la solidez de la institución.
El sistema cumple bien su función al proteger a los pequeños ahorradores, pero quienes depositaron sumas superiores al monto asegurado sabían, o debieron saber, los riesgos que estaban asumiendo. Las altas tasas de interés que ofrecen Sofipos como CAME y otras instituciones financieras son atractivas, pero no hay que olvidar que casi siempre implican un mayor riesgo. Aunque es triste, el sistema no puede ni debe socializar las pérdidas de grandes ahorradores que buscaron rendimientos más
altos en un sector menos regulado que la banca.
Habiendo dicho esto, entiendo la frustración de muchos de los afectados con la CNBV. Desde hace tiempo circulaban rumores sobre problemas en CAME y en febrero se presentaron denuncias formales de un posible fraude. La Sofipo dejó de operar en abril y el regulador la intervino hasta junio.
El caso CAME tampoco debió agarrar por sorpresa a nadie. La historia reciente está llena de fracasos de instituciones financieras no bancarias: Ficrea, hace una década, y más recientemente Sofomes como Crédito Real, Alpha Credit y Unifin.
A pesar del enojo por supuestas fallas en la supervisión y la indignación ante un posible fraude, el gobierno no puede ni debe ir más allá del seguro establecido. Los clientes con mayores sumas tendrán que esperar que sobren recursos de la posible liquidación o que se recupere dinero en caso de que se haya cometido un fraude. Pero la probabilidad de que recuperen todo es mínima.
Para quienes buscan mayor seguridad, la mejor opción es la banca, en la que el IPAB ofrece una protección superior a 3 millones de pesos en los ahorros. Quienes optan por Sofipos lo hacen asumiendo riesgos a cambio de la promesa de un mejor rendimiento.
