El mercado voluntario de carbono apareció en México en 2013.
Es un hecho importante, pues dicho mercado permite a la industria transformar su actividad en una producción de bienes y servicios con emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero, logrando que su huella ambiental sea compensada con la compra de bonos de carbono y disminuir así el impacto ambiental de las empresas.
En un planeta que se sobrecalienta amenazando la vida y en el cual la responsabilidad personal y social es todavía escasa con el medio ambiente, la importancia de esto no es menor.
En México ya se ha estado logrando el mejoramiento en el intercambio de información relativa, la reducción sustantiva de la doble contabilidad, la adopción paulatina de salvaguardas sociales y ambientales, así como la alineación de este mercado voluntario con los propósitos ambientales de la sociedad y gobierno mexicanos.
Lo anterior, derivado en buena medida del Memorándum de Entendimiento firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales encabezada por María Luis Albores y organizaciones como Verra (Verified Carbon Standard) y Plan Vivo Foundation el año pasado.
Sin embargo, hay mucho que hacer todavía. Les comparto aquí reflexiones que he intercambiado con expertos en la materia.
Nuestro país tiene un impuesto al carbono en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual aplica al consumo de combustibles, y es pagado por productores o importadores de combustibles fósiles. Sin embargo, la estructuración del impuesto en México no incentiva inversiones en el campo como lo podría hacer.
Con algunos relativamente sencillos cambios, se podrían dirigir miles de millones de pesos al sector rural de manera transparente y efectiva sin tener que lastimar las arcas públicas con mayores cargas al presupuesto.
En primer lugar, habría que cambiarse el marco legal bajo el cual se entregan créditos de carbono para denominarlo en toneladas de CO2.
Actualmente, el impuesto se denomina a partir del costo total y no de la tonelada de CO2, por lo que no existe incentivo financiero para que un actor privado utilice la flexibilidad que se ofrece dado que en términos de desembolso de dinero la cuantía es exactamente la misma para el contribuyente.
En segundo lugar, la legislación actual no permite cubrir adecuadamente los sectores que podrían ayudar a la agricultura, la agroindustria y la conservación tanto de bosques en el norte y centro del país, como de manglares en el sur y el sureste. Habría que ampliar el tipo de certificaciones que se permiten, como lo han hecho Colombia y Sudáfrica, por ejemplo, en donde se reconocen otros créditos diversos.
Finalmente, otra modificación relevante -quizás la más relevante- sería incrementar el impuesto. Este impuesto en nuestro país es bajo, alcanzando un valor aproximado de 50 pesos mexicanos por tonelada de CO2. Aunque un impuesto con este valor podría ser importante para ciertos proyectos, es probable que no sea suficiente para incentivar el desarrollo de muchos otros más. Como punto de comparación, el impuesto en Colombia es equivalente a 100 pesos mexicanos y en Sudáfrica se establece en hasta un equivalente a 160 pesos mexicanos, lo que en ambos países está generando amplias inversiones en proyectos nuevos.
La Ley General de Cambio Climático ha incluido en su artículo 94 el establecimiento de un sistema de comercio de emisiones de forma progresiva y gradual, con el claro objetivo de promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable, y sin vulnerar la competitividad de sectores participantes frente a mercados internacionales.
Una revisión al impuesto al carbono, de acuerdo a lo propuesto, podría complementar el trabajo bajo la LGCC, ofreciéndole a las empresas sujetas al impuesto una verdadera oportunidad para reducir significativamente sus costos regulatorios, y al mismo tiempo darles confianza de que sus pagos están siendo invertidos en proyectos concretos que rinden resultados.
En fin, hay consenso entre expertos, en que, si se superasen estas limitaciones, el mecanismo podría generar mucha y atractiva inversión en el campo mexicano, y a su vez contribuir de manera concreta a resolver la crisis climática.
La palabra la tienen nuestros legisladores.
