La reciente renuncia de Arturo Zaldívar a su cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos brinda la oportunidad de analizar dos cuestiones fundamentales que considero esenciales para la discusión.
La primera de ellas está relacionada con la regulación de las renuncias de los ministros en la Constitución.
Ésta establece que los ministros deberán desempeñar sus funciones durante 15 años, y que la única vía para renunciar sería por causas graves.
Sin embargo, ¿Qué se entiende por ‘causas graves’? El Ministro Zaldívar argumentó en una carta posterior a su renuncia que éstas deben ser interpretadas y validadas de acuerdo con los razonamientos lógicos de quien las presenta como graves.
En otras palabras, si alguien sostiene que una causa es grave para él, nadie debería poder oponerse, y en última instancia, la decisión recae en el Senado para su aceptación o rechazo.
Zaldívar plantea una cuestión esencial: la Constitución no especifica cuáles son consideradas causas graves y tampoco aclara para quién deben ser consideradas como tales.
Por lo tanto, no estamos ante una cuestión de inconstitucionalidad, sino más bien ante un asunto de argumentación jurídica.
El segundo aspecto concierne a la relación entre el Derecho y Política. Sería ingenuo e irrealista considerar que los ministros de la Corte no tienen, o más bien, no deberían tener, afinidades políticas. Pero, ¿por qué esta afirmación?
Los ministros de cualquier corte constitucional en el mundo abrazan afinidades políticas que se traducen en una interpretación particular de los valores y la esfera pública.
Algunos pueden respaldar el derecho al aborto, mientras que otros lo rechazan; algunos priorizan las formas sobre el fondo de un asunto, mientras que otros hacen lo contrario.
No obstante, lo crítico no reside en las opiniones individuales de los ministros, sino en la necesidad imperante de que sus decisiones estén en consonancia con los valores e ideales consagrados en la Constitución, que representa el documento político central de una democracia.
En última instancia, sus argumentaciones y fallos deben reflejar una rigurosa adhesión a los preceptos constitucionales, garantizando que las decisiones no estén influenciadas por preferencias personales, sino ancladas en los principios y valores establecidos en la Carta Magna.
Para comprender al Ministro Zaldívar, es imperativo examinar su legado a través de sus sentencias.
En ellas reside la clave tanto de su renuncia como de su afinidad con la propuesta política de Claudia Sheinbaum.
Los notables avances en México en materia de derechos humanos se atribuyen, en gran medida, a la labor de la Corte, destacando en particular la influencia del Ministro Zaldívar.
Es comprensible, por lo tanto, que, ante su inminente jubilación, busque nuevos medios para contribuir a la construcción de un país más justo y equitativo desde una plataforma política.
Lo cuestionable son los modos y los tiempos.
