Congruente con la realidad esperada para el próximo año, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, trazó en las iniciativas de Ley de Ingreso y del Presupuesto de Egresos 2021, las prioridades para atender los efectos sanitarios y económicos provocados por la pandemia.
Atendiendo lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política local, y el apartado de la presupuestación de la Ley de Gasto Público de Tamaulipas, las iniciativas fueron recibidas por el Congreso del estado la semana pasada, y turnadas a la Comisión de Finanzas para su estudio y dictaminación.
Los ingresos esperados para el 2021 ascienden a 63 mil 580 millones 292 mil 973 pesos, de los cuales el 85% proviene de las aportaciones, participaciones y convenios federales, reflejando el pernicioso centralismo fiscal.
Haciendo la sumatoria de las leyes de Ingresos de 2017 a 2021, podemos observar que los recursos federales representan el 87% del total.
Un fenómeno que provoca migrañas para las finanzas subnacionales, cuando al frente del sistema presidencialista mexicano, se coloca un gobierno con tendencias centralistas y personalistas en el ejercicio del gasto público, como el de la Cuarta Transformación.
Razón por la cual la Alianza Federalista de Gobernadores, a la que integra el de Tamaulipas, proponen modificar el Pacto Fiscal, para que los estados que más aportan a la recaudación nacional, como el nuestro, reciban a cambio mayores recursos.
Mientras que el proyecto de Presupuesto de Egresos refleja las prioridades que el Gobierno de Tamaulipas atenderá en el 2021, en consonancia con los efectos negativos provocados por la pandemia.
Del total de recursos presupuestados, equivalentes a los ingresos esperados, el 61% se destinará al gasto social y al desarrollo económico.
Es decir, de cada 100 pesos a gastar el próximo año, 61 se destinarán para atender las necesidades sociales y a la reactivación económica.
Y para reducir la incertidumbre que nos hereda el 2020, la iniciativa prevé la contratación de financiamiento hasta por 1,500 millones de pesos, para enfrentar la triple exigencia de 2021: sanitaria, económica y presupuestal.
