Con el apoyo de Morena, PES y PVEM, llevando en contra el voto del PAN, PRI, MC, PT y PRD, el Congreso de la Unión aprobó desaparecer un grupo diverso de fideicomisos, para concentrar sus recursos multimillonarios en la SHCP del Gobierno Federal.
Solamente un fideicomiso escapó, por el momento, de la dinámica centralista del Presidente López Obrador.
Me refiero al Fondo de Salud para el Bienestar, definido por el artículo 77 bis 29, de la Ley General de Salud, como un fideicomiso público sin estructura, en donde el Instituto de Salud para el Bienestar es el fideicomitente.
El Insabi canalizará anualmente a este fondo el 11% de la suma de los recursos federales y estatales destinados a garantizar el derecho a la salud, de los cuales el 8% será para atender las enfermedades que provocan gastos catastróficos, un 2% para la infraestructura médica de los estados y el 1% para el abasto y distribución de medicamentos.
Como el Presidente López Obrador trae entre ceja y ceja los 97,108 millones de pesos de este fondo, la bancada de Morena presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 77 bis 17.
Esta iniciativa propone que, cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud, reintegrando los recursos a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar.
Mientras que la bancada del PAN propone adicionar los artículos 77 bis 17 y 77 bis 29, prohibiendo expresamente al Insabi destinar los recursos del fondo a fines distintos a la salud, fortaleciendo además la transparencia, la rendición de cuentas y la certeza jurídica del fideicomiso.
La dinámica centrípeta en la que orbitan los populismos del planeta, confronta en el caso de México, con la lógica centrífuga del artículo 40 constitucional, que establece como voluntad del pueblo vivir en una república federal.
Provocando un diálogo entre sordos y a una política de suma cero, entre los actores políticos, que en nada reditúa al país en términos democráticos. _
