Iniciaron en el Congreso del Estado de Jalisco las primeras acciones para lograr una reingeniería administrativa y establecer los criterios de ingreso, permanencia, promoción y salida del personal con los consiguientes ajustes en la nómina. De entrada, se pondrán a consideración del personal que cumpla con los requisitos las facilidades para que se jubilen o se retiren de manera voluntaria, según sea su caso. A partir de la cancelación de las plazas de quienes se retiren o se jubilen se lograrían ahorros que superan los doce millones de pesos anuales. Se pudiera interpretar que parece excesivo lo que se pagaría en liquidaciones, lo que no se analiza es que no se debe tomar en cuenta únicamente el pago de nómina, sino todos los derechos y prestaciones a los que el Poder Legislativo está obligado con su personal.
Pudiera existir escepticismo e incluso incredulidad sobre cancelar únicamente trece plazas porque parece insuficiente o poco ante lo arrojado por el diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), pero un problema de estas magnitudes, y con los alcances que pretendemos, no se puede gestionar de manera arrebatada sin pensar en todo lo que podría implicar en costos a las arcas del Congreso del Estado de Jalisco.
Es necesario señalar que estos son ahora los primeros pasos para lograr una reducción a la nómina, pero que implican cumplir una serie de obligaciones sobre derechos laborales adquiridos que como parte patronal no podemos ni debemos eludir. Lo importante es que se está trabajando de manera seria y ordenada, no de manera simplista y apresurada, para no acarrearle al Poder Legislativo descalabros financieros por despidos injustificados, en ésta y en posteriores legislaturas.
Se habla también de una obesidad de la nómina del Congreso del Estado, no podemos intentar minimizar este aspecto, pero sí debemos dejar claro que se trata de un problema heredado desde hace varias legislaturas. Lo que nos corresponde hacer, aquí y ahora, es gestionar este problema y procesarlo para su mejor resolución. Poner orden, pero no de manera precipitada. Hacerlo de otra forma podría conducir a perder juicios laborales con los consiguientes costos pecuniarios.
Hay muchas evidencias en el ámbito del sector público que documentan como se han debilitado las arcas públicas por tomar decisiones discrecionales y sin el análisis para lograr los acuerdos debidos en las separaciones de personal. No queremos, ni debemos incurrir en ello desde el Congreso local.
Desde la Secretaría General del Congreso del Estado de Jalisco, al mismo tiempo que ejecutamos las acciones derivadas de las indicaciones de las diputadas y diputados que integran la Asamblea, estamos siendo propositivos para darle cauce al adelgazamiento de una nómina que históricamente se ha criticado por obesa, trabajar en ese sentido es inédito. Estamos trabajando desde ahora para que el personal que se quede sea el necesario y el que cumpla con sus labores.
El paso siguiente es llevar a cabo una serie de mesas de trabajo con las coordinaciones de la estructura del Congreso y la representación sindical para avanzar en los procesos de profesionalización y mejora administrativa. Estamos convencidos de que requerimos hacer más eficiente la gestión administrativa en términos de la nómina, pero también en los procesos de ingreso, permanencia, promoción y salida del personal; estamos enfocados en desenmarañar el nudo que ello implica. Los resultados de las mesas de trabajo se pondrán a consideración de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa para su aprobación.
Desde cualquier institución pública es necesario, de cara al futuro, plantear soluciones para que los problemas administrativos de siempre sean abordados y resueltos desde acciones racionales, ordenadas y pertinentes. En el Congreso del Estado de Jalisco ya iniciamos.
