No sé en qué terminará el escándalo surgido del pleito en Israel entre dos empresarios de aquel país, que involucra pagos negros por 25 millones de dólares al “Hombre Mayor” del gobierno mexicano, nombre en clave que habrían dado, según la prensa, a Enrique Peña Nieto. El ex presidente ha respondido que se trata de un infundio, como podía esperarse. Solo una investigación seria podrá definir lo que realmente sucedió: puede en efecto ser inocente de este señalamiento, sea porque se trata de una artimaña inventada en un pleito entre empresarios o porque ellos mismos fueron engañados por algún político que les hizo creer que detrás de él estaba el presidente; pero tampoco podemos descartar que, efectivamente, parte de ese botín haya llegado a sus manos. Demostrarlo no es imposible, pero incluso si hubiera existido no será fácil porque ningún mandatario trata estos asuntos de manera directa con la fuente del dinero corrupto.
El tema justificaría una investigación de las autoridades mexicanas, sin duda. La pregunta es si políticamente el gobierno de la 4T ya está dispuesto a hacerlo. Durante el sexenio anterior se adoptó la estrategia de llevar la fiesta en paz con los priistas, particularmente con respecto a la figura del ex presidente.
A mi juicio, esta benigna disposición respondió a dos factores. Por un lado, una suerte de agradecimiento, que incluso Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente en más de una ocasión, por el hecho de que Peña Nieto respetó el triunfo de Morena en las elecciones de 2018 y entregó la banda presidencial al tabasqueño. No es casual que sea el único mandatario de los 35 años de neoliberalismo al que AMLO aludía como “presidente Peña Nieto”, mientras que al resto (Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) los mencionaba simplemente con apellido, si no es que en peores términos. Se especuló, inclusive, que podría haber existido alguna especie de pacto político entre ambos: aceptación de la alternancia a cambio de impunidad para la figura del ex presidente. Imposible saberlo. Pero tal acuerdo no era necesario. López Obrador había padecido a tal grado las malas artes del sistema y era tal su temor de un nuevo fraude electoral que consideró un enorme gesto el mero reconocimiento de su triunfo. De alguna forma le habría parecido un asunto de honor o una ingratitud responder a ese gesto con una investigación interpretada como de carácter político. Habría que ver si ese criterio sigue pesando en el ánimo de la actual Presidenta.
Por otro lado, ha existido un segundo motivo para no abrir lanzas en contra del PRI. Recordemos que a lo largo del sexenio pasado Morena careció de la mayoría necesaria para sacar adelante reformas constitucionales. En las sumas y restas para alcanzar los dos tercios, los votos del PRI aparecían como una opción potencial disponible. Pero tal negociación habría sido imposible si el gobierno hubiera emprendido un litigio político en contra de sus cabezas. De allí, por ejemplo, el escaso interés en darle alas a las acusaciones que hizo la gobernadora Layda Sansores en contra de Alejandro Moreno, Alito, mandamás de ese partido, para dar cuenta de las razones de su “inexplicable” riqueza.
Podrían especularse otros motivos que llevarían a Morena a evitar ponerle clavos al ataúd del PRI. De alguna forma sigue siendo una opción política para una parte de la oposición, sobre todo en el norte del país, que de no existir podría refugiarse en el PAN. Una oposición dividida en varias corrientes es mejor para quien gobierna que una oposición unificada, desde luego. Y, por lo demás, siempre es una posibilidad en un futuro próximo, las elecciones intermedias de 2027, por ejemplo, que el gobierno de la 4T pierda la mayoría constitucional en las Cámaras y necesite los pocos legisladores que aún pueda retener el PRI. La propia vulnerabilidad de los dirigentes de este partido, empezando por Alito, ofrecería amplios márgenes para una negociación favorable para el grupo en el poder.
Sin embargo, la política no siempre sigue una racionalidad cruda o puntillosa. El gobierno también es sensible a las presiones de la opinión pública. En el caso de que el litigio entre los dos empresarios israelíes arroje documentos puntuales sobre dineros entregados a políticos mexicanos a cambio de licitaciones ilegales, las autoridades estarían obligadas a investigar.
Peña Nieto es un caso curioso del panteón de presidentes de la historia política reciente. Terminó con los más altos niveles de desaprobación desde que se lleva ese récord, pero tampoco parece ser un personaje particularmente odiado en el imaginario popular. Se le tiene por frívolo y dispendioso, cabeza de un gobierno señalado por su corrupción, pero no es el villano preferido ni mucho menos en la feria de resentimientos y agravios pendientes. Quizá porque su retrato nunca estuvo en el muro de dardos de las mañaneras de López Obrador. Muchas cosas tendrían que pasar para que el gobierno decida que el costo/beneficio de investigarlo lo justifica. Por ahora, poco que ganar y algo que perder. Salvo, claro, que aparezcan nuevos datos y la presión pública por no encararlo eleve la factura política para el gobierno. Hasta ahora no la hay.
Y por qué no. En una de esas el segundo piso de la 4T nos sorprende e inaugura algo inédito en México: que las investigaciones a políticos dejen de hacerse en función de balance de pérdidas y ganancias, y tan solo obedezcan al imperio de la ley.
