Derivado de una denuncia formal del Partido Duranguense en contra del Alcalde de Durango José Ramón Enríquez, por la presunta promoción personalizada del funcionario con recursos públicos del municipio y por la realización de actos anticipados de campaña, el Tribunal Federal Electoral resolvió y mandató al Congreso del Estado dar cumplimiento a su sentencia.
Con 20 votos a favor del dictamen acordado por la Comisión de responsabilidades, el Congreso local aprobó imponerle al Presidente Municipal “una sanción administrativa consistente en Destitución de su cargo como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Durango e inhabilitación por un término de tres años y seis meses, al haberse acreditado infracción al párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, por razones y consideraciones contenidas en la sentencia…” emitida por el Tribunal Federal Electoral.
Con este acuerdo el Congreso del Estado inició un proceso que la legislatura anterior no acató ni justificó públicamente y que culminará en un juicio político que determinará la destitución del cargo y la inhabilitación del senador con licencia para ocupar otra responsabilidad por el término de tres años y seis meses, sanción que lo dejará fuera de la reelección en el 2019 y probablemente de la elección de gobernador del 2022.
Frente a esta doble sanción que le trunca su carrera política, pareciera que la inhabilitación para ocupar un cargo público, eventualmente tendría un tercer efecto al afectarle su derecho a ejercer como Senador en el Congreso de la Unión y sin descontar otros efectos colaterales.
Sin duda el primer beneficiario de esta debacle es el gobernador Aispuro Torres que desde el inicio de su gobierno soportó confrontaciones y desafíos de su ex aliado y la segunda beneficiaria es la alcaldesa Leticia Herrera que ve caer a un potencial rival de peligro en su carrera por la gubernatura.
Esta historia no es nueva y es recurrente, pero en política, tarde o temprano la traición y la mentira caen siempre por su propio peso.
