A finales de enero de 2025 en los centros de readaptación instalados en el estado de Puebla había 7 mil 364 personas privadas de la libertad. Los ingresos y egresos llevaron a que la población carcelaria fuera de 7 mil 322 personas al cierre de febrero.
La diferencia mínima se debió a 278 ingresos y 320 egresos, de acuerdo con los datos más recientes del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional que recoge información de los Centros Penitenciarios Federales, así como de las Direcciones de Prevención y Readaptación Social en los Estados.
El estado de Puebla cuenta con 7 mil 329 espacios para personas recluidas, y al menos al mes de febrero sólo tenía libres 7 de esos espacios en centros de reinserción social, penitenciarios estatal y regionales. Visto de forma global: se encontraba a nada de llegar a su máxima capacidad y comenzar a caer en sobrepoblación.
Cuando se entra al detalle individualizado por cada centro penitenciario, el panorama cambia: el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, por ejemplo, tenía libres 427 de sus 1 mil 121 espacios, contrario a lo que pasa en el Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula que tiene capacidad para 159 personas privadas de la libertad y ya tenía 429, una sobrepoblación de 270 personas.
O el caso del Centro Penitenciario de Puebla con capacidad para 3 mil 135 personas y ya tenía a 3 mil 315.
Del total de 7 mil 322 personas privadas de la libertad, con corte a febrero, 3 mil 832 habían sido procesadas y 2 mil 921 habían sido sentenciadas por delitos del fuero común; en el caso del fuero federal 257 habían sido procesadas y apenas 312 sentenciadas para un total de 569.
Hay que ser conservadores; sin embargo, con la información puesto que a principios de diciembre eran 7 mil 326 las personas privadas de la libertad: enero cerró con un aumento de 38 personas y analizar, con corte al primer semestre, a qué se debe el crecimiento de la población penitenciaria.
Al margen
Puebla es una de los entidades que han otorgado poder a las instituciones estatales de derechos humanos para abordar las desapariciones forzadas. Habrá que estar pendientes del trabajo que han hecho ahora que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU afirma que en México la desaparición forzada es sistemática y generalizada.
