Insisto en la insistencia. Los señalamientos de la amenaza a la independencia al Poder Judicial no son argumentos, sino solo discursos sin fundamento real emitidos por quienes forman parte de grupos de poder y agrupaciones de abogados, partidos políticos, organizaciones de la presunta sociedad civil y distintas asociaciones.
Buscan generar una reacción en la plaza pública, el espacio donde se genera la opinión de las personas, para deslegitimar los cambios en ese poder. Evidentemente, la población desconoce lo que ocurre al interior de las paredes del recinto ubicado en el corazón de la CdMx, los acuerdos que ocurren entre los integrantes de los distintos grupos de poder en los diferentes poderes institucionales y fácticos.
Saben que el Poder Judicial es el poder de poderes. Recordemos que el contrato social en el que vivimos establece que para tener un principio de orden y garantizar la vida social en común existen lineamientos en que se basa el respeto de los derechos de las personas: “Tu derecho termina donde comienza el mío”. Nos regimos por leyes y quien las controla tiene poder por sobre los demás, con la posibilidad de privar del bien más preciado: la libertad, así como bienes y otros.
Desde la constitución del país, luego de la invasión y colonización española, existe el reclamo de la justicia, una queja social que también originó la Revolución Mexicana, con el Plan del Zapote, del 21 de abril de 1901, movimiento reprimido por el teniente coronel Victoriano Huerta, quien mandó fusilar a 50 personas inocentes. Esa era la realidad de la procuración y administración de justicia. Existía la Constitución de 1857, pero la realidad era distinta.
De igual forma, la independencia del Poder Judicial existe en el papel. Además de controlar la ley y tener al aparato coercitivo para hacerla cumplir, quien la detenta tiene otra realidad.
Los grupos de poder buscan todas las formas para continuar con y en el poder. Desde la formación escolar en las instituciones educativas que tiene cada una de esas agrupaciones hasta el interior de ese poder, donde tienen los espacios para que, llegado el momento, se integren, en la simulación de los concursos para ser juez, en una carrera judicial que gana quien tiene el conocimiento… de la persona adecuada para obtener esa posición privilegiada.
Mi cercanía con el ámbito judicial me permitió conocer un poco por dentro y por fuera el poder de la ley y sus acomodos.
Afuera, en la realidad cotidiana, los acuerdos. Igual, pude conocer la forma en que se establece la ley. En la oficina de un alto funcionario dedicado a la procuración de justicia, un conocido abogado, quien posteriormente sería Secretario de Gobernación, perteneciente a los grupos llamados de derecha, redactaba reformas a la normativa. Serían enviadas al otro Poder para su aprobación e inclusión en la legislación vigente, las cuales serían aplicadas en la procuración y administración de justicia.
Al interior, igual en las solemnes oficinas del lugar, cuya primera piedra la colocó en 1936 el general Lázaro Cárdenas, e inauguró en 1941, el general Manuel Ávila Camacho, el tráfico de influencias con encuentros o llamadas telefónicas a los ministros para acordar la forma en que se podría tratar los asuntos diversos que resolvían las resoluciones inatacables.
También, pude entrar a las casas de dos ministros, localizadas en colonias de alta plusvalía al sur de la ciudad, las cuales, además de ser lujosas y hasta ostentosas, tenían grupos de servidumbre que les permitía los emolumentos e ingresos varios.
La presunta independencia del Poder Judicial no existe ni ha existido. Muchos casos han sido ventilados en medios de comunicación y otros, los más, han estado y continúan en los expedientes guardados en escritorios y cajas de seguridad.
Ya hubo un cambio. Los elegidos por el pueblo y no por el titular del Ejecutivo y su grupo, deberán responder a la histórica exigencia de justicia. Una administración de justicia igual para pobres, medianos y ricos. Esperemos que sea real.
