Seguramente mi coeficiente intelectual --medición en la que no creo-- no es el suficiente para entender los argumentos de los críticos de la elección al Poder Judicial: Amenaza la independencia del Poder Judicial.
Otros elementos refieren que podría politizar ese poder, la injerencia del Poder Ejecutivo que debilitaría la autonomía judicial, no resuelve el problema de la corrupción, abre la puerta al crimen organizado, afectará el Estado de derecho. Incluso, desde el ámbito internacional, ya sea en asociaciones de abogados de diferentes países indican que ponen en peligro los derechos de las minorías, son contrarias a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y socavan la democracia en México.
Al interior de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), eliminará la carrera judicial de servidores públicos que han trabajado durante muchos años, con la pérdida de derechos y libertades. La transformación de ese poder es un ataque del Ejecutivo al Judicial, entre otros.
Hay un sinnúmero de expresiones sobre el tema, además de estudios y análisis diversos. Por eso, solo referiré lo que considero la realidad social que se vive en mi país.
Cuando leo este tipo de información recuerdo lo que he vivido a ese respecto en mi realidad laboral, al estar muchas veces cerca del poder y testificar o tener elementos sobre acuerdos que permiten ver las posturas de los actores sociales, de distinto nivel, cuyos intereses del grupo al que pertenecen --también personales-- emiten mensajes a la sociedad contrarios a la verdad. Es molesto ver a quienes son representantes de la corrupción, denostar la posibilidad de un cambio.
En todos los eslabones de la cadena de seguridad social existe la corrupción. En tres de las importantísimas funciones del contrato social: la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración de justicia. Décadas hace o, incluso, un par de siglos, que impera, recordemos los dichos de, primero próceres, luego déspotas y tiranos sobre “ese gallo necesita máiz” o “no hay general que aguante un cañonazo de 50 mil pesos”.
Iniciamos con la parte primigenia: la calle, donde los policías te “bailan” si incumples con la norma. Si no lo haces, te llevan ante la autoridad administrativa o ministerial.
O los particulares, quienes tergiversan hechos para no pagar daños de un simple choque o contratan los servicios de los policías hasta para cometer delitos graves.
Seguimos por el Ministerio Público, el que tenía el monopolio de la acción penal y por cierta cantidad, trafica influencias o elabora una Carpeta de Investigación deficiente. En el primer caso, un grupo que hace “negocios”, ya que le da su “moche” al o los policías para que su reporte sea de una forma y él “arme el caso” para que el “cliente” no tenga problema.
En las agencias del MP se realiza una gran cantidad de acuerdos. No perdamos de vista que actúan como redes, desde el policía (de a pie, de investigación, ministerial o el nombre que tenga en ese momento histórico), cada una de las mesas que llevan los casos y el titular de esa agencia. A todos les toca. Incluye a los “coyotes” que agarran incautos desde la calle, al ingreso a la agencia ministerial.
Luego, de pasar al Juzgado, es el mismo procedimiento. Aquí, la secretaria administrativa recibe obsequios en especie o en efectivo y tiene la facultad de recibir y turnar expedientes, pero quien tiene el control es el Secretario de Acuerdos, por su alto grado de influencia con el titular del Juzgado, con quien se puede negociar casi todo. El juez, por su parte, de acuerdo al peso del asunto, concilia con los abogados de manera directa. Hay una salvedad:
En caso de existir “línea” y conforme la dimensión del caso, le llaman desde las fiscalías especializadas, la fiscalía general o la misma línea de mando del Poder Judicial del estado del que dependa, o si es de trascendencia federal, de la instancia correspondiente; incluso, desde una subsecretaría o el mismo titular, o de otro poder que, en la teoría escolar y de reconocidos autores, equilibra los poderes de la Unión.
Cualquiera pensaría que se trata de un asunto penal, pero eso ocurre en lo civil, de lo familiar, laboral, administrativo, financiero, tributario y otros. Lamentablemente, el asunto legal es un acto de negocios… turbios y, por ende, resultado de la corrupción.
Hay otro ámbito importante que se debe considerar. Nada ocurre solo, sin ayuda, o complicidades. El tráfico de influencias se registra por los favores que se piden a los “conocidos”, lo cual sería interesante conversar por escrito con quien lee estas líneas. Igual de lamentable, pero todos hemos caído en su uso, como costumbre; los pueblos originarios, avergonzados, lo llamarían también parte de los usos y costumbres que existen. Hay quienes dicen que no es parte de la cultura del país. Sería cuestionable, porque los valores se han transformado.
Interesante las cifras del delito en México. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, establece que en 2023, se registró 31.3 millones de delitos: 92.9% no se denunció o la autoridad no inició Carpeta de Investigación. 27.5% de los hogares en México tuvo, al menos, un integrante como víctima. El delito más frecuente fue fraude, robo o asalto y extorsión. Las desconfianza en la autoridad, 60.8%, es la razón para no denunciar delitos, por pérdida de tiempo, 34.4%; desconfianza en la autoridad, 12.7%, y 9.8% por trámites largos y difíciles.
En el 2002, 3 o 4 delitos de cada cien enfrentaban la sanción de un juez. No hay mucha diferencia si hacemos la comparativa de los demás años.
Vamos al otro lado. Quien delinque y es atrapado, o señalado sin delinquir, lo envían a un centro de detención o de reinserción social. Es similar en los juzgados locales y federales.
En los penales se vulneran derechos y lo menos que se busca es la reinserción social. El interés es económico y el negocio de dos grupos: internos y autoridades. Es mucho dinero el que se maneja en la cotidianidad. Se paga por el pase de lista, lugar donde dormir, cobija, servicios básicos y por lujos, como teléfonos celulares, pantallas, visita conyugal, vino. Y muchos más. Lo que haya. Todo es negocio.
Indispensable el cambio institucional. Sin embargo, la legislación que nos rige requiere algunas modificaciones, pocas; lo importante es su cumplimiento real; lo que en el ámbito del Derecho se conoce como eficacia de la ley. Y un tercer elemento que es el más difícil: el aspecto moral de las personas, en particular de los abogados y servidores públicos aprehensores, persecutores, procuradores y administradores de justicia, quienes, con su actuación, permiten hechos fuera de la ley. Los cambios sociales requieren, en promedio, una década para que ocurran; esperemos tardar menos, porque urge.
Lo lamentable es que llevamos décadas y la información periodística es la misma, solo cambia la fecha y quien lo redacta.
