El cinco de diciembre pasado, terminé esta columna de la siguiente forma: ‘Habrá que esperar un año, ciclo donde Jalisco será otro y donde seguro el país tendrá espacio para un personaje que se crece al conflicto… de hecho, lo busca. Un personaje que, mientras tanto, tendrá su tormenta del año siete’.
La esperada tormenta llegó en forma de miles de prendas de vestir, mochilas, maletas y 200 pares de zapatos.
El fiscal Gertz decidió que la mejor manera de salir del embrollo en que se metieron los gobiernos federal y estatal era aventando la bola meses atrás. Responsabilizó a la anterior fiscalía de errores en la recopilación de pruebas y en el resguardo del Rancho Izaguirre.
Minimizó la cantidad de muertos que pudieron haber sido ejecutados en el lugar, como si hubiera un mínimo permitido de asesinatos para no llamar la atención nacional.
En la contradicción, el fiscal intentó pasar los delitos al fuero local sin aterrizar en que parte de ellos caerían en el ámbito federal al ser cometidos por el crimen organizado. Pero el detalle no importa al tener ya la urgente salida política hacia el enorme tropiezo cometido por la administración actual.
No nos confundamos: lo denunciado en Teuchitlán es botón de muestra para las decenas de campos de entrenamiento y lugares de exterminio que hay en el país. El aumento en el número de desaparecidos del último sexenio federal va de la mano de una sucia estrategia de maquillaje de cifras, donde los homicidios bajaron pero no la desaparición forzada y la extorsión.
La explicación es muy simple: los cárteles y sus operadores continúan en el cobro de derecho de piso a todo tipo de ciudadanos y bajo todo tipo de formas. La gran mayoría paga, los que no son amedrentados o asesinados… pero sus cuerpos no se dejan a la vista de todos, sino que son disueltos, enterrados en fosas clandestinas, incinerados o cercenados.
Todo, bajo la omisión casi cómplice de las autoridades.
Esto no sería posible sin un gobierno –en todos los niveles– que fue omiso a los llamados de la sociedad civil para que se atendiera el problema, llamado que no tenía la fuerza requerida como si la tuvo en su momento sucesos como Ayotzinapa.
Mucho de ello, gracias a la enorme propaganda digital y a la indiferencia social, rota gracias al horror develado por las prendas encontradas.
Por el momento, la estrategia será apuntar a Alfaro y su gobierno. Parece que algunos vieron la oportunidad para dinamitar la endeble armonía de Movimiento Ciudadano en Jalisco y adelantar la ruptura que se veía desde kilómetros de distancia. Su silencio, hasta ahora, parece más una cuestión de cálculo que de serenidad.
Mientras tanto, los enfrentamientos de ayer en la tarde recuerdan que la grilla local y nacional no soluciona el verdadero problema que es el control territorial del CJNG en gran parte del estado y país. El video viralizado del lunes es sólo un recordatorio que la capacidad de control que tienen va por encima incluso de los pleitos políticos naturales.
Al final, el único culpable del desastre no está en escena por el momento. Y no, no es el que ustedes creen.
