Le dijeron a Gil que la revista The Atlantic publicó en su edición de octubre un ensayo de Christopher R. Browning en el cual retrata a los políticos moderados que con su ingenuidad creyeron que podían contener a Hitler y contribuyeron al establecimiento de su dictadura. La forma en que los nazis utilizaron "la política de la legalidad" para obtener el poder absoluto después de un golpe fallido es una lección siniestra sobre la fragilidad de una república. Gamés ofrece aquí algunas tabletas efervescentes de este ensayo perturbador en colaboración con Raudel Ávila.
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La EFÍMERA República de Weimar, que abarcó los años posteriores a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y hasta 1933, cuando Hitler llegó al poder, se ha convertido en un ejemplo paradigmático del colapso democrático. Eso ha atraído una renovada atención en este momento en Estados Unidos, cuando la democracia está amenazada por fuerzas antiliberales y autoritarias. Con razón debemos desconfiar de las comparaciones fáciles, especialmente el uso casual de la palabra fascismo, pero el destino de Weimar nos brinda algunos paralelos instructivos e importantes, algunas señales de advertencia.
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Durante sus primeros cuatro años, Weimar estuvo bajo constante ataque, sobre todo, por la Gran Mentira de que la república era un gobierno totalmente ilegítimo porque debía su génesis a una “puñalada por la espalda”. Según esta Gran Mentira, el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla en 1918, cuando en realidad la ofensiva de primavera del general Erich Ludendorff fue una apuesta que terminó en un desastre militar. En cambio, decía el mito, una camarilla de "criminales de noviembre" (judíos, marxistas, demócratas e internacionalistas) había traicionado al país, subvertido el esfuerzo bélico, expulsado al káiser, firmado el vergonzoso Tratado de Versalles e impuesto una ley injusta sobre la democracia alemana.
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No solo Hitler y los nazis, sino toda la derecha alemana se aferró a este mensaje y lo promovió. (…) Hitler hizo de la teoría de la conspiración la justificación de la acción violenta, pasando rápidamente de la crítica denigrante de la democracia de Weimar a la organización de una insurrección total. En noviembre de 1923, Hitler instigó el Beer Hall Putsch, un intento de golpe de Estado local en la capital bávara de Múnich. Hitler esperaba que esto desencadenaría una reacción que provocaría la implosión de la República de Weimar; entonces un gobierno autoritario podría hacerse cargo.
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El golpe fracasó. Hitler fue arrestado y juzgado por traición. Su estrategia de defensa fue utilizar su juicio como plataforma para amplificar la Gran Mentira. En un ejemplo espectacular de falsificación histórica desvergonzada, afirmó que los fundadores de la democracia de Weimar, no él, fueron los verdaderos traidores, los criminales de noviembre. El acusado insurrecto era el verdadero patriota. El sistema judicial conservador de Bavaria fue comprensivo; Hitler cumplió solo nueve meses en prisión, donde fue juzgado y recibió a más de 330 visitantes.
Lo que es más importante: ni los políticos conservadores ni el poder judicial conservador de Baviera lograron deshacerse de este peligroso agitador expulsándolo del país como un delincuente convicto no deseado y de ciudadanía austriaca. En cambio, ellos, y eventualmente la vieja guardia en toda Alemania, permitieron su improbable regreso político.
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La lección que aprendió Hitler del golpe fallido fue que necesitaba perseguir la revolución a través de “la política de la legalidad” en lugar de asaltar Munich. Los nazis utilizarían el proceso electoral de la democracia para destruir la democracia. Como dijo Joseph Goebbels, los nazis irían al Reichstag, o Parlamento, como lobos al corral de ovejas. Para 1929, el imperio de la prensa de Alfred Hugenberg había abrazado e incluso financiado a Hitler como portavoz de la derecha, lo que le dio exposición y reconocimiento a nivel nacional. Luego, la Gran Depresión y el descontento político que siguió abrieron el camino para una oleada nazi.
Hitler no intentó un nuevo golpe, desplazó su práctica política a lo que el historiador alemán Karl Dietrich Bracher denominó más tarde la “revolución legal”. En enero de 1933, la vieja guardia de Alemania vio que no eran ni remotamente competitivos en ninguna elección sin la base nazi, y optó por Hitler para nombrarlo canciller (o primer ministro) legalmente. Pero debido a que los conservadores no nazis todavía ocupaban ocho de los 11 puestos del gabinete en el nuevo gobierno, persistieron en su ilusión de que podían controlarlo o, como dirían algunos en el lenguaje actual, que podían preservar las “barreras” que servirían para contenerlo. Paul von Hindenburg se jactó con aire de suficiencia de que, lejos de estar controlado por Hitler, “lo hemos contratado”.
Mañana: “La democracia de Estados Unidos amenazada”.
