Gil se encuentra extraviado, esa es la verdad. Dicho lo cual entremos en materia: Claudia Sheinbaum ha adelantado que su gobierno impulsará en el Congreso una reforma electoral que en sus puntos centrales es parecida a la que ideó Liópez. Sheinbaum ha indicado que su proyecto pasará por tres pilares: reducir el presupuesto del órgano que organiza las elecciones —el INE—, recortar el financiamiento público de los partidos y modificar el sistema de legisladores plurinominales. Si esto ocurre, como ocurrirá, el INE habrá muerto.
Zedryk Raziel ha publicado en El País: “Liópez no tuvo la fuerza suficiente en el Legislativo para sacar adelante el proyecto que impulsó en 2022. Apenas unos años después, mucho ha cambiado en el panorama político mexicano, y hoy Morena tiene una mayoría aplastante en las dos Cámaras del Congreso como para aprobar sin problemas la reforma que ha deslizado Sheinbaum”.
Sheinbaum ha anunciado su reforma electoral mientras criticaba al grupo de consejeros del INE que no se ha alineado al oficialismo. De que son unos traidores, dice la Presidenta. Un bloque de consejeros del INE ha señalado la evidencia de que el oficialismo indujo el voto mediante acordeones para favorecer a determinados candidatos a jueces. El resultado ha sido que los principales tribunales del país —la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral— hayan quedado bajo el control de jueces afines a Morena y a Sheinbaum.
Contra los consejeros decentes
La presidenta ha afirmado, dice Zedryk Raziel, que los consejeros del INE críticos “no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política contraria al gobierno de Morena”.
Ahí está el detalle: “tienen una posición política contraria a Morena”. Más claro ni el agua turbia.
Liópez siempre quiso liquidar al INE. Su idea ha sido eliminar un órgano independiente que realice elecciones limpias y competidas.
Del A al B
Ahora mal sin bien, lean esto: “el proyecto de Liópez Obrador, redactado por Pablo Gómez y Horacio Duarte, dos de los grandes consejeros políticos del ex mandatario, proponía transformar el INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que quedaría como la única autoridad para organizar todos los comicios, tanto federales como estatales, así como las consultas populares y revocatorias de mandato”.
Liópez proponía reducir de 11 a siete el número de consejeros electorales, mismos que tendrían que ser electos por voto popular. En cuanto a la disminución del financiamiento para los partidos, que actualmente se asigna con base en una fórmula fijada en la Constitución el ex presidente proponía que solo se les entregara dinero público en años electorales; en los años sin elección, los partidos deberían cubrir sus gastos mediante aportaciones de sus militantes.
Entender
Gil quiere entender: el país se divide en 300 distritos electorales. De los 500 diputados que integran la Cámara baja, 300 son electos por el voto directo en esos distritos, y otros 200 son designados por “representación proporcional” mediante listas regionales (pluris). En el caso del Senado, de los 128 integrantes, 32 son plurinominales. Los sufragios obtenidos por voto directo sirven de base para repartir más lugares a los partidos a partir de las listas. Este esquema, si bien otorga más legisladores a las fuerzas mayoritarias, también garantiza que los partidos minoritarios tengan representación en el Congreso.
Morena no tuvo el apoyo de la oposición para sacar adelante esa reforma, que por ser constitucional requería de la mayoría calificada —de dos terceras partes— del Congreso. Fue entonces cuando el oficialismo ideó un “plan B”: aprobar cambios legales solo con los votos de la mayoría simple que formaban Morena y sus aliados del PT y el PVEM, una maniobra condenada al fracaso en la Suprema Corte, que echó abajo las reformas por defectos graves en el proceso legislativo. Ese golpe volvió a Liópez y Morena contra el Poder Judicial.
Cuando la Corte invalidó otras reformas aprobadas irregularmente por la aplanadora oficialista en el Congreso, el mandatario perdió la paciencia y lanzó el “plan C”: conquistar las dos Cámaras del Legislativo en las urnas para aprobar todas las iniciativas que fuesen necesarias y, de paso, echar a todos los jueces y cambiarlos por otros electos en las urnas. Esa es la circunstancia en la que Sheinbaum ha revivido ahora el proyecto electoral original de Liópez: el “plan C” conduce al “plan A”.
Todo es muy raro, caracho como diría Tácito: “los Estados más corrompidos son los que más leyes tienen”.
Gil s’en va
