La semana pasada el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró en varias ocasiones que el Sistema Eléctrico Nacional se encontraba en estado operativo de alerta o de emergencia. Estas situaciones ocurren cuando se produce un cierto desequilibrio entre oferta y demanda de electricidad en el país. Esto puede deberse a aumentos relativamente inesperados en la demanda (por razones climáticas, por ejemplo), a reducciones en la oferta (cierre de plantas por temas técnicos o de mantenimiento, intermitencias en la generación, etc.) o a una combinación de ambos factores.
El estado de alerta entra en vigor cuando el Margen de Reserva Operativa del sistema (es decir, la capacidad de generación eléctrica por encima de la demanda) es inferior al 6%, mientras que el estado de emergencia se aplica cuando dicho margen cae por debajo de 3%. El estado de alerta suele tener un carácter más bien preventivo e informativo, aunque la normatividad define también una serie de acciones que podrían tomarse para mejorar el equilibrio entre oferta y demanda. En cambio, durante el estado de emergencia, el CENACE debe realizar acciones operativas incluyendo la desconexión de carga en algunas localidades. Esto fue precisamente lo que ocurrió durante por lo menos dos días de la semana pasada en los que, para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico nacional, el CENACE interrumpió la conexión en forma rotativa en diversas entidades del país. Estos apagones, además de las molestias evidentes que implica para los usuarios en su vida cotidiana, pueden tener también fuertes costos económicos ya que interrumpe diversos procesos productivos.
Sería relativamente fácil desestimar los apagones de la semana pasada y atribuirlos a una situación atípica, por ejemplo, a una demanda excesiva motivada por las elevadas temperaturas de esos días. Sin embargo, una mirada cuidadosa revela una tendencia preocupante en el Sistema Eléctrico Nacional: en enero, el CENACE declaró 7 estados operativos de alerta y 1 de emergencia, en febrero se declararon 13 estados de alerta y 0 emergencias, en marzo hubo 15 declaratorias de alerta y ninguna emergencia, en abril hubo 25 declaratorias de alerta y 4 emergencias, y en los primeros 10 días de mayo llevamos 12 declaratorias de alerta y 3 emergencias (note que en un mismo día puede ocurrir más de una declaratoria de alerta o de emergencia).
Como se puede ver, la tendencia a declarar estados operativos fuera de lo normal es creciente y cada vez un mayor porcentaje de días del mes nos hemos encontrado en estado de alerta o de emergencia. Tan solo entre abril y mayo, tuvimos estados operativos de alerta o de emergencia en casi el 70% de los días. Esto sugiere que el sistema eléctrico nacional se encuentra en un grado de vulnerabilidad elevado, sujeto a una enorme presión y que esto ha dejado de ser algo atípico. Este es un tema con el que no podemos jugar o arriesgarnos. Es necesario repensar con claridad la política pública que tenemos en esta materia y tomar decisiones pronto. Los proyectos de generación no ocurren de la noche a la mañana y requerimos de una buena planeación. Sin una oferta eléctrica sostenida, limpia y de bajo costo, difícilmente podremos beneficiarnos en forma significativa del nearshoring o de la relocalización de actividades. No pongamos en riesgo esta oportunidad de desarrollo.
