En Jalisco se libra una emergencia silenciosa, constante, que envenena el aire que respiramos y compromete la salud de millones de personas. En los primeros cinco meses de 2025, se han activado más alertas atmosféricas preventivas y emergencias ambientales que en todo el año anterior. No se trata de una anomalía estacional, ni de un problema pasajero, sino de un reflejo de la crisis ambiental estructural que padecemos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
La evidencia es contundente: 42 alertas preventivas y 13 emergencias atmosféricas han sido activadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), cuando en el mismo periodo de 2024, apenas se registraban nueve alertas y una emergencia. Este incremento no es fortuito. Obedece, por un lado, al creciente número de incendios industriales y forestales —en muchos casos intencionales o producto de omisiones— y, por otro, a la alarmante falta de políticas públicas efectivas de prevención y coordinación institucional.
El caso más ilustrativo ocurrió el pasado 30 de abril, cuando un incendio en una fábrica de aerosoles —ubicada en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque— provocó una nube tóxica de dimensiones colosales. El fuego se extendió a nueve bodegas y tardó 27 horas en ser controlado. La emergencia atmosférica activada duró 62 horas continuas. La población expuesta, sin acceso a información clara, sin protocolos de resguardo efectivos y sin protección adecuada, quedó a merced del humo y las sustancias químicas en el aire.
La quema de llantas, químicos, combustibles y otros materiales contaminantes ha convertido el aire del AMG en un cóctel nocivo de partículas finas, ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que supera no sólo la normatividad ambiental nacional, sino todas las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
Este aire viciado es una amenaza ambiental y una bomba de tiempo para la salud pública. Las consecuencias son cada vez más tangibles. Así se registra un incremento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, crisis asmáticas y alergias en niños y adultos mayores. La exposición continua a estos contaminantes compromete el sistema inmunológico y genera efectos neurológicos a largo plazo, particularmente en menores de edad.
Paradójicamente, mientras la crisis ambiental escala, la respuesta institucional permanece fragmentada, lenta y burocrática. No existe una normatividad estatal unificada para enfrentar incendios industriales. Cada municipio opera bajo criterios distintos, sin protocolos homologados y con personal claramente insuficiente. De más de 17 mil empresas en el AMG, apenas 400 cuentan con certificaciones de seguridad. La omisión, negligencia o incapacidad de supervisión por parte de las autoridades ha dejado al sector privado operar bajo una lógica de mínimos. El mínimo gasto, el mínimo control, la mínima responsabilidad social.
A lo anterior se suma la ausencia de vigilancia ambiental efectiva. Las estaciones de monitoreo funcionan como simples sensores que notifican la gravedad del problema, pero no como herramientas preventivas. Las medidas aplicadas durante una contingencia no modifican sustancialmente la movilidad, ni el comportamiento de la población, ni mucho menos del sector industrial. Se activan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho.
Es preocupante que la contaminación del aire ya no sea un fenómeno esporádico, sino una condición crónica del entorno urbano. Investigadores de la Universidad de Guadalajara advierten que, si no se aplican políticas contundentes, podríamos vivir en un AMG donde todos los días del año se respirará aire insalubre. Las proyecciones climáticas, además, estiman un aumento de hasta seis grados en la temperatura y una reducción del 20% en las precipitaciones. En otras palabras, esto significa más calor, más sequía, más incendios, más contaminación.
La salud ambiental es un derecho humano y una condición indispensable para la vida. No puede seguir supeditada a intereses particulares. No existe una política ambiental integral, ni voluntad para enfrentar al poder económico que contamina sin consecuencias.
