Una pregunta frecuente a partir de los eventos de Culiacán del jueves 17 de octubre es cuánto le va a costar al Presidente en su popularidad el error reconocido por su propia administración. El costo podría pasar por la teoría de “atribución de responsabilidades”. Si bien no parecería tener un impacto inmediato, con el tiempo sí podría tenerlo. Al reconocer públicamente que él autorizó la liberación del hijo del Chapo Guzmán, la responsabilidad atribuida no deja lugar a dudas.
La seguridad pública tiene la virtud, para la clase gobernante, de ser un tema en donde la responsabilidad es difusa. Pasa de lo local a lo federal sin una frontera clara de a quién corresponde resolver el problema. Aunque en materia legal no quede duda sobre qué tipo de delito corresponde a cada uno de los niveles de gobierno, en la opinión pública no es necesariamente así. Con este evento, esa ambigüedad queda resuelta.
Tal vez un buen ejemplo de esta confusión o falta de claridad de quién asume la responsabilidad sobre un hecho delictivo es el caso de Ayotzinapa. Es pertinente recordar que al comienzo no quedaba claro si los responsables habían sido autoridades municipales, estatales o el gobierno federal. Con el tiempo se fue imponiendo la idea de “Fue el Estado”, en referencia al gobierno federal, pero sin mucha claridad al inicio de la discusión. Solo con el tiempo se decantó.
Un ejemplo similar con el efecto opuesto es el de la crisis económica de 2008. Es interesante ver que al revisar números, no obstante que el país decreció, la responsabilidad no necesariamente fue atribuida al ex presidente Felipe Calderón. La conciencia de que el problema era de origen externo predominó y en alguna medida justificó al entonces mandatario.
La percepción de inseguridad, independientemente del estadístico que se revise, tiende a empeorar sin importar el ámbito en el que se mida, a nivel colonia, municipio, estado o país. Eso no es novedad y es muy probable que tienda a empeorar. En la evaluación de gestión de gobierno los temas de economía e inseguridad son los peor evaluados, mientras que el de combate a la corrupción es el mejor. Ello no debe de sorprender, pero sí nos ofrece un panorama de dónde está el capital político del Presidente.
El reconocimiento de renunciar a las capacidades básicas del Estado para temas de seguridad podría significar con el tiempo que eventos de inseguridad de naturaleza similar le sean atribuidos directamente al Presidente. Es decir, ya no habrá confusión. Culiacán podría significar un cambio de tendencia a un tema de atribución difusa con responsabilidad directa del mandatario.
Hoy por hoy no se observa un costo claro en su aprobación. Es la misma que en meses anteriores: 75%. Tampoco se observa costo en su opinión o imagen personal. El público le da la razón por estar cansado de la violencia que vivimos desde hace muchos años. De hecho, ante la idea de combatir o tolerar al narcotráfico, no ha cambiado en los últimos años. Preferimos como opinión pública agregada tolerar a enfrentar. Por ello la decisión de Presidente parece bienvenida y se explica su aceptación.
Como suele pasar con muchas otras mediciones, en las que se realizan cara a cara en vivienda, el Presidente tiene más apoyo comparadas con las telefónicas. Hay que recordar que estas últimas subestiman la base electoral del mandatario y las realizadas cara a cara son las únicas representativas.
Los niveles de atención son altísimos. Prácticamente 100 por ciento se enteró y en relación 2 a 1 el público dijo que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán había sido correcta.
Sin embargo, el tiempo para evaluar la estrategia del Presidente se reduce de manera acelerada. En solo unos meses el porcentaje de ciudadanos que considera que ya es tiempo de evaluarlo en su estrategia contra la inseguridad va en aumento y quienes dicen que aún es muy pronto se va reduciendo.
En resumen, es posible que hoy no haya un costo evidente con el evento de Culiacán u otros tan dramáticos con el atentado a la Familia LeBarón, pero ello no significa que en el acumulado, en el tiempo y con la atribución de responsabilidades no vaya a costarle capital político del Presidente. Pronto sabremos si hay reacción de la opinión pública.
Nota metodológica: Encuesta Parametría. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 880 encuestas realizadas cara a cara del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2019. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.3%. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.
*Fundador y director de Parametría
