El reciente escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrada la Marina lleva a varias reflexiones y preguntas. La pregunta más obvia es si verá afectada la imagen de la institución. La respuesta es breve y contraintuitiva: es muy poco probable que haya una afectación de largo plazo, es decir más allá de la coyuntura; respuesta derivada de la información histórica disponible y los elementos que la determinan.
Esta crisis de una institución tan emblemática como la Marina preocupa por diversas razones. Probablemente el más evidente es que un cuestionamiento de esta naturaleza genera una crisis de legitimidad no sólo al gobierno en turno, sino al propio Estado y sus funciones. Incluso algunos estudios sugieren que acusaciones por corrupción de una institución con altos niveles de confianza puede ir tan lejos como cuestionar al mismo régimen democrático.
Más allá del argumento de tendencia histórica se observan por lo menos dos elementos que llevan a pensar que será una crisis coyuntural. Un primer dato son los bajos niveles de conocimiento o atención a los temas de corrupción en nuestro país. No solo son bajos los niveles de conocimiento, sino que además se percibe que es un fenómeno generalizado, y lamentablemente normalizado. Es decir, se considera que hay corrupción prácticamente en todos los niveles de gobierno y por ello los niveles de responsabilidad o la gravedad parecen menores.
El segundo elemento es la correlación que tiene la imagen de la Marina con el Ejército. La imagen que tiene la ciudadanía del Ejército depende de su contacto ciudadano en acciones sociales o durante emergencias como inundaciones, huracanes, temblores, etc. Es decir, su contacto directo con la población no es un tema mediático, es consecuencia del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, también conocido como Plan DN-III-E. Al parecer la Marina también se beneficia de esta reputación.
Finalmente, el argumento que parece más relevante es el de tendencia histórica. La Marina ha mantenido históricamente un nivel de confianza alto. Sobre todo, en comparación con otras instituciones. Este dato resulta relevante, pues indica que la institución naval se percibe como una de las más sólidas y confiables en el contexto de seguridad nacional.
De acuerdo con los datos de Parametría, el punto más alto se registra en julio/agosto de 2014, con un 77 % de confianza, mientras que el nivel más bajo se observa en septiembre de 2015, cuando la cifra desciende a 48%. Esta caída abrupta puede interpretarse a la luz de los acontecimientos de la época, como los cuestionamientos al papel de las fuerzas armadas en operativos de seguridad y las denuncias de violaciones a derechos humanos. Es posible que la opinión pública reaccionara de forma crítica a esos episodios, lo que se reflejó en una disminución significativa de la confianza.
Después de 2015, la Marina logró recuperar niveles superiores al 60%, estabilizándose entre el 69% y el 74% entre 2018 y 2021. Este repunte sugiere que la institución fue capaz de recomponer su imagen pública, quizá gracias a una estrategia de comunicación distinta, a un desempeño más visible en tareas de apoyo a la ciudadanía –como la atención a desastres naturales– o a un reposicionamiento dentro de las políticas de seguridad federal. La confianza volvió a fluctuar en 2022 y 2024, situándose alrededor del 70 %, lo cual evidencia una relativa estabilidad en la última etapa del periodo analizado.
En contraste, el porcentaje de personas que manifestaron “poca” o “nada” de confianza se ha mantenido notablemente menor, aunque con incrementos puntuales. En abril de 2012 se registraba apenas un 18% de desconfianza, pero esta cifra aumentó hasta 48% en septiembre de 2015, en correspondencia con el desplome en la confianza positiva.
Posteriormente, los niveles de desconfianza cayeron y oscilaron entre el 22% y el 30% en los años más recientes, lo que refleja una oposición minoritaria, pero constante, hacia la institución.
La Marina, junto con el Ejército, suele ocupar los primeros lugares en confianza institucional en México, en comparación con partidos políticos, policías estatales o locales, el Congreso y el Poder Judicial. Esta tendencia se explica en parte porque, a diferencia de otras entidades, la Marina ha logrado mantener una imagen más técnica y menos politizada. La percepción ciudadana la asocia con disciplina, eficacia operativa y cercanía en contextos de emergencia, lo que refuerza su legitimidad social.
Sin embargo, no debe pasarse por alto que la confianza en la Marina no es inmune. Los momentos de descenso coinciden con coyunturas de crisis en materia de seguridad, cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y debates acerca del papel de las fuerzas armadas en la vida pública. Por ejemplo, el descenso de 2015 coincide con un periodo de gran descontento social hacia las instituciones de seguridad tras eventos muy mediáticos relacionados con desapariciones forzadas y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Estos factores demuestran que la confianza ciudadana, aunque alta, puede ser frágil y puede deteriorarse frente a escándalos o mal desempeño constantes.
A pesar de los cambios de administración federal y de la creación de nuevas instituciones como la Guardia Nacional, la Marina no ha sufrido descensos bruscos en su nivel de confianza. Esto puede explicarse por su papel complementario en el diseño de la estrategia de seguridad, así como por la percepción de que sus operaciones están más profesionalizadas en comparación con otras fuerzas. La Marina también ha ampliado sus funciones en tareas de seguridad interior y de apoyo a la Guardia Nacional, lo que refuerza su visibilidad pública.
Un nivel de confianza cercano al 70% implica un respaldo amplio por parte de la población. Este apoyo es clave en contextos donde el gobierno necesita justificar la presencia militar en tareas civiles, ya que la opinión pública respalda de manera significativa a la Marina. No obstante, la permanencia de altos niveles de confianza también plantea riesgos.
En conclusión, la confianza en la Marina muestra una institución con una legitimidad social sólida, que ha enfrentado altibajos relacionados con coyunturas críticas, pero que en general mantiene un amplio respaldo ciudadano. La estabilidad en los últimos años y los niveles persistentemente altos de confianza reflejan una imagen institucional positiva. Sin embargo, el reto hacia adelante consiste en mantener esa legitimidad bajo principios de transparencia y de respeto a los derechos humanos.
