Para comprender la producción criminal, en los márgenes del espacio urbano, se requieren de categorías de análisis que muestren las condiciones estructurales en las que se desarrollan los procesos delictivos, en otras palabras, para identificar el impacto que causa el fenómeno criminal en la sociedad se requiere de un análisis transdisciplinario de la realidad a partir de identificar las condiciones sociodemográficas, los niveles de incivilidad, el sentimiento de inseguridad, la fortaleza institucional y la construcción de comunidad como elementos que constituyen los múltiples procesos de violencia.
Esto nos remite a cuestionar el papel de las fuerzas de seguridad como las únicas instituciones encargadas de contener la proliferación de diversas actividades ilegales, ya que difícilmente abarcarían las bases socioculturales que condicionan la generación de la actividad criminal.
Por ejemplo, el estándar mínimo de policías establecido por la Organización de las Naciones Unidas es de 1.8 efectivos por cada mil habitantes, sin embargo, para el contexto nacional, el último reporte del Consejo Nacional de Seguridad Pública (2021) arrojó que en México se registra un estimado de 1.02 efectivos por cada mil habitantes.
Este dato aplica sin distinción del ámbito en el que se desempeñan las policías, no obstante, muestra un número insuficiente para las necesidades de seguridad del país, además de que es imperante reconocer que existen crímenes como la violencia familiar, el narcomenudeo, el acoso callejero, el bullying, entre otros, que no se pueden erradicar sólo con la presencia de más policías.
Esta situación nos invita a reflexionar el papel que debe ocupar la sociedad civil en la estrategia de promover prácticas de igualdad, justicia y dignidad.
El esfuerzo ciudadano debe sumarse a la contención de la producción criminal mediante la construcción de herramientas comunitarias que coadyuven al esfuerzo preventivo de la delincuencia y que formulen prácticas enfocadas en recomponer el tejido social.
