Lo único que podemos garantizar es que la pandemia no ha acabado. Incluso, Hugo López-Gatell lo admitía esta semana: pronto entraremos a una nueva ola de contagios. La llegada del invierno también propicia la reproducción del coronavirus. Vea usted lo que está sucediendo en Europa. Alemania, Austria y el Este continental enfrentan un dramático crecimiento de los casos. Los gobiernos están optando por volver a confinar, aunque con un elemento adicional: dividir a la ciudadanía entre quien sí se vacunó –quienes puede gozar de mayor libertad– y quien no se vacunó –mayor restricción de libertad y movimientos–. En el mundo desarrollado, dicho sea de paso, quien quiso ya se pudo vacunar. Y en México, quitando los menores, casi el total de la población ya tuvo acceso a la pauta completa de vacunación.
La realidad es que hay millones de mexicanos que no se quieren vacunar. La mayor parte de aquellos que se rehúsan a vacunarse están entre los 40 y los 58 años. Más de la mitad de las personas de ese sector generacional han tenido la posibilidad de vacunarse y no lo han hecho. No sabemos por qué. Las encuestas demuestran (Consulta Mitofsky) que el porcentaje de antivacunas en México es relativamente bajo (7.2%). Si nos comparamos con Francia (41%) o Rusia (28%). Sin embargo, hay altas posibilidad de que se mienta en este tipo de encuestas y la realidad indica otra cosa. La pregunta es: ¿qué hacemos con las personas que no se quieren vacunar? ¿Hay que obligarlas o respetar su decisión de no inmunizarse? ¿Su libertad está por encima de la seguridad sanitaria del resto? ¿Qué límites razonables puede poner el Gobierno?
Es un debate difícil. De entrada, existe una aparente colisión de derechos. La libertad de una persona a decidir si quiere o no inyectarse algo en su cuerpo, la autodeterminación del individuo frente a la salud del resto. Y es que debemos de decir que no es cualquier cosa abrir la puerta a que el Gobierno decida qué debes hacer con tu cuerpo y tu salud. Para los libertarios, esta es una frontera que el Estado no debe cruzar. Si lo dejamos, ¿qué sigue? Que defina los hábitos alimenticios, qué comer y qué no, que debemos beber o qué ver por la televisión. Recordemos que cualquier recorte de nuestra libertad tiene que estar plenamente justificada por el Gobierno. Permitir caprichos, por muy emergencia sanitaria que sea, puede suponer la pérdida de derechos y libertades fundamentales para un sistema democrático.
Sin embargo, es aquí en donde desvanecemos la supuesta colisión de derechos. Regular no es prohibir. El Gobierno tiene la obligación de hacer más costosa la irresponsabilidad, sea sanitaria o en cualquier ámbito de la esfera pública. En nuestras vidas, las libertades están reguladas para que coexistan con los derechos y las libertades de terceros. Por ejemplo, por mucha libertad que tenga, usted no puede conducir en estado de ebriedad. O si quiere conducir un tráiler debe acudir por una licencia o un permiso. O si quiere hacer una fiesta en su casa, que es su derecho, debe ajustarse a los niveles máximos de ruido que permite la norma. La libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. No vivimos en una isla solitaria, sino en una comunidad interdependiente.
¿Qué quiere decir esto? Considero que la libertad a no vacunarse no existe. O si alguien cree que sí, debe estar acotada a que provoque el menor daño posible. De entrada, nadie en sus cinco sentidos niega toda la evidencia acerca de la efectividad de la vacuna. La caída de la mortalidad en México, entre olas pandémicas, es espejo de la altísima eficiencia de las vacunas. Por lo tanto, vacunarse es protegerse a uno mismo y al resto. Al momento de respetar la sacrosanta libertad de los no vacunados, automáticamente el Estado está premiando a los que afectan el interés público y perjudicando a aquellos que han cumplido con su responsabilidad. La inacción favorece a quien daña a terceros. Protegiendo un supuesto derecho a contagiar.
Solamente China con medidas draconianas, como perder el empleo o la suspensión de servicios públicos, ha obligado a vacunarse a casi toda su población. El gigante asiático ha administrado dos mil millones de dosis. No obstante, las democracias occidentales han buscado caminos intermedios entre la imposición de la obligatoriedad de la vacuna y el simple voluntarismo. El pase o pasaporte COVID busca eso: encarecer el costo individual a aquellos que deciden, por convicción u holgazanería, no vacunarse. El pase no es nada complejo de operar. Es simplemente enseñar el certificado de vacunación y una identificación. En Canadá o en Francia se utiliza para ingresar a bares, restaurantes o eventos deportivos. La implementación del pase COVID ha supuesto un incremento del nivel de vacunación.
A nivel estatal, qué hacemos. Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, ya lo deslizó en la Mesa de Salud: vacunación para entrar a los estadios. Ir más allá. En cuanto todo el país haya tenido la posibilidad de vacunarse, exigir certificado COVID en el ocio y en algunas actividades, podría fomentar la vacunación y contener brotes. El presidente López Obrador se va a negar porque los porcentajes más bajos de vacunación se encuentran en estados insignia del obradorismo, particularmente al sur de México. No obstante, por estado se puede impulsar y permitiría dotar de estabilidad a buena parte de la economía que se ha visto golpeada por la pandemia. De la misma forma, todos aquellos que trabajan en cuidados, sector salud o educación deberían estar vacunados obligatoriamente. Sin excepción.
Entiendo que uno no puede violar derechos constitucionales a los no vacunados. A nadie se le puede prohibir trabajar o salir a caminar al parque. Tampoco comprar víveres para su familia. Sin embargo, el resto de las actividades lúdicas si pudieran estar condicionadas a que no fueras una amenaza para los demás. No soporto dejar que cada uno haga lo que se le dé la gana como si eso no tuviera impacto en terceros. Entendamos que las nuevas olas, picos de contagios y muertes vendrán con el sello de aquellos que se negaron a vacunarse. Los gobiernos deben tomar cartas en el asunto y no premiar a quien afecta a terceros por su falta de compromiso social. No hay libertad sin responsabilidad.
Enrique Toussaint
