La imposición de un gravamen del 3.5 por ciento por parte de Estados Unidos sobre las remesas enviadas por los hidalguenses residentes en dicho país a sus familias en las comunidades rurales del estado, representaría un golpe severo a la ya precaria economía de Hidalgo.
Lejos de ser una simple medida fiscal, este impuesto afectaría directamente el sustento de miles de hogares, limitando el consumo, la inversión y el desarrollo social en una de las regiones más vulnerables de México.
Hidalgo, como muchos otros estados con alta migración, depende significativamente de las remesas como una de sus principales fuentes de ingreso. Para muchas familias en el campo hidalguense, estas transferencias de dinero no son un lujo, sino una necesidad vital que cubre gastos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda. Son el colchón económico que les permite sortear la pobreza extrema y, en ocasiones, invertir en pequeños negocios o mejoras en sus hogares que, de otro modo, serían inalcanzables.
La imposición de un impuesto del 3.5 por ciento se traduciría inmediatamente en una reducción del ingreso disponible para estas familias. Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, su impacto se magnificará en hogares donde cada dólar cuenta. Si un migrante enviaba, por ejemplo, 400 dólares mensuales, ahora sus familiares recibirían aproximadamente 386 dólares. Para quienes viven al día, esa diferencia puede significar la imposibilidad de comprar medicinas, pagar el transporte a la escuela o incluso asegurar una comida nutritiva.
Más allá del consumo inmediato, el gravamen desincentivaría el envío de remesas a través de canales formales. La literatura económica y la experiencia histórica sugieren que cuando los costos de transferencia aumentan, los migrantes buscan alternativas. Esto podría llevar a un incremento en el uso de canales informales o “underground” para el envío de dinero. Si bien esto podría evitar el impuesto, también incrementaría los riesgos de fraude, robo y lavado de dinero, dejando a las familias en Hidalgo aún más desprotegidas y sin mecanismos de recurso en caso de problemas. Además, dificultaría la trazabilidad de estos flujos, lo que podría tener implicaciones para la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
A nivel macroeconómico, la reducción de remesas impactaría negativamente el Producto Interno Bruto (PIB) de Hidalgo. Las remesas impulsan el consumo local, dinamizando pequeños comercios y servicios en las comunidades. Menos dinero circulante significaría una desaceleración de la actividad económica, afectando a tenderos, agricultores locales y prestadores de servicios que dependen de la demanda generada por estos ingresos. La inversión en capital físico, como la mejora de viviendas o la adquisición de tierras, también podría disminuir, frenando el desarrollo rural a largo plazo.
El sector agrícola, que emplea a una parte significativa de la población rural en Hidalgo, sentiría las repercusiones. Muchos migrantes envían dinero para apoyar las actividades agrícolas de sus familias, ya sea comprando insumos, reparando maquinaria o invirtiendo en mejoras para la producción. La disminución de estas inversiones podría afectar la productividad y la sostenibilidad de las pequeñas explotaciones agrícolas, que ya enfrentan numerosos desafíos.
Socialmente, el impacto sería igualmente preocupante. El estrés económico se acentuaría en los hogares, exacerbando las condiciones de pobreza y marginación. Las remesas, además de ser un salvavidas económico, tienen un componente social crucial: fortalecen los lazos familiares y comunitarios. Si el gravamen dificulta el envío regular de dinero, podría generar mayor incertidumbre y angustia en las familias, y potencialmente, incluso aumentar la presión migratoria, creando un círculo vicioso de necesidad y desplazamiento.
En resumen, la imposición de un gravamen del 3.5 por ciento sobre las remesas por parte de Estados Unidos a las familias de Hidalgo es una medida que, aunque pueda parecer menor, tendría consecuencias profundas y negativas. Afectaría directamente la capacidad de subsistencia de las familias rurales, desincentivaría los canales formales de envío de dinero, desaceleraría la economía local y exacerbaría la pobreza y la vulnerabilidad social en el estado. Es fundamental que se consideren estas implicaciones al evaluar cualquier política que impacte los flujos de remesas, reconociendo su papel insustituible en la estabilidad y el desarrollo de regiones como Hidalgo.
