Nada nuevo hubo en la forma de designación de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la SCJN, en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. La regla de oro se cumplió a cabalidad: ser de la absoluta confianza del Presidente de la República. Salvo la elección de ministros de la Corte por las Legislaturas de los estados, entre otras formas de elección de ministros que hubo desde la Constitución de 1824 hasta que inició la vigencia de la Constitución de 1917, aunque “topen chivas y chillen llantas” el Presidente lleva mano en este asunto.
Así que, en honor a la verdad y a la honestidad intelectual, no se puede decir, como aseguran los malquerientes de Andrés Manuel, que con la designación de Lenia Batres como ministra del alto tribunal de la nación, éste demostró ser, una vez más, un destructor de las instituciones y del pluralismo democrático.
No es así, por el contrario, en este asunto el Presidente demostró ser muy institucional, como igualmente fueron en la designación de ministros de la SCJN los anteriores mandatarios del periodo posrevolucionario.
Para aclarar lo dicho permítaseme hacer la siguiente acotación: Que la institucionalidad, como cualidad esencial de un estado democrático constitucional de derecho sea algo que contribuye, entre otras cosas, a que haya paz social y buenos ciudadanos, no significa que los principios, reglas, costumbres, etc., que rigen una determinada sociedad son inamovibles.
Por el contrario, aunque hay instituciones, como las religiosas, que tardan mucho tiempo en cambiar, si la realidad social cambia, las instituciones también tienen que cambiar; pues si bien es cierto que las instituciones influyen sobre hombres y mujeres, también lo es que hombres y mujeres influyen sobre las instituciones para que cambien.
En este orden de ideas, la realidad social del México del siglo XXI pide a gritos no solo que cambie la manera como se designan a los ministros de la SCJN, para que ya no sea la voluntad del Presidente la que determine, con base en criterios patrimonialistas, el perfil de los ministros que integran el más alto tribunal de la nación, el cual tiene como función la realización de la justicia constitucional, sino entre muchas otras cosas, el perfil de los ministros, jueces y magistrados que tenemos.
Pero esos gritos, en el ámbito de la política, muy pocos los escuchan. Y hasta lo que hoy se ha podido observar en distintos foros en los que se aborda en tema de la justicia, la mirada de los políticos es corta. No se ve que les importe analizar problemas de cualificación profesional en la función de juzgar. Tanto en las derechas como en las izquierdas, lo que al parecer les intereses es contar con jueces a modo.
Y en el ámbito de la academia, es decir, el de los estudiosos del derecho, las cosas no están mejor. Hay en este gremio un silencio sepulcral en cuanto a deficiencias, atavismos históricos, arcaísmos y vicios que deben derrumbarse en el Poder Judicial para poder acceder a una impartición de justicia de calidad.
En síntesis, el tema de la selección y formación de jueces y el acceso a la judicatura, que es necesario debatir para transformar el Poder Judicial que heredamos del siglo XIX, al parecer a nadie preocupa.
Ni en el ámbito de la política, ni en el de la academia preocupa que desde la primera Constitución (la de 1824) solo se pida para ser ministro de la SCJN “poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.
Constitucionalmente para ser ministro, magistrado o juez no se exigen conocimientos especializados y experiencia en la función de juzgar, exigencia que, institucionalmente, no se considera necesaria porque, siguiendo la vieja costumbre de la práctica jurídica de la época de la Colonia, es en el mismo Poder Judicial donde endogámicamente se aprende a ser juzgador. Y esto es algo que no ven quienes a gritos dicen:“¡El Poder Judicial no se toca!” Craso error, pues, toda idea considerada intangible, al margen de la crítica, se corrompe.
