Desde 2019 el colectivo Observatorio Ciudadano de la Sub cuenca Amanalco-Valle de Bravo denunció la construcción de un megaproyecto residencial y hotelero por la empresa Stupa Ranch S.A. de C.V, en una parte del área natural protegida, ubicada cerca de la comunidad de Ahuacatlán, pegado a Avándaro. Las protestas fueron muchas, la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno no fue contundente y la construcción no se detenía.
De hecho, en 2021 la obra fue clausurada por le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero la empresa constructora violento los sellos y continuó con las trabajos de construcción.
Las denuncias y protestas continuaron por colectivos pro ambientales, pues exigían que la Semarnat y la Profepa, le negaran la manifestación de impacto ambiental a Stupa Ranch S.A. de C.V, pero eran gritos al aire, no eran escuchados.
El caso llegó a la legislatura mexiquense, donde se presentó un exhorto para que las autoridades federales y estatales frenaran la construcción de ese desarrollo inmobiliario. Pero como en otras ocasiones lo hemos comentado en este espacio, los exhortos que presentan legisladores son como llamadas a misa, no los toman en cuenta.
El asunto llegó a la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador intervino y solicitó la información sobre el asunto, instruyó que se hiciera una visita de inspección. El resultado: el jueves en la madrugada, de pronto la obra fue clausurada.
Ahora lo que sigue será ver si es definitiva o solo provisional, intervendrá la Suprema Corte de Justicia para concederle amparo a la inmobiliaria o se respetará el área natural protegida y no se continuará con el desarrollo.
Por lo pronto los ambientalistas, consideran que es un paso importante y esperan que sea el principio de muchos otros actos de autoridad contra quienes atentan con el ecosistema de la zona, porque hay muchas obras inmobiliarias que se desarrollan en las áreas naturales protegidas.
Que no sea el único, que vengan más decisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para proteger el ecosistema de la zona.
Hay otras denuncias sobre afectaciones a zonas del área natural protegida de Valle de Bravo, tales como la existencia de 275 lagos artificiales.
Hay desarrollos inmobiliarios en otras zonas cercanas a Avándaro, así como por la zona del Fresno y en Casas Viejas, esta última, que de ser una comunidad agrícola se ha convertido en residencial y pagan impuestos como tal. Lo mismo sucedió en el Cerrillo.
Pero lo importante no es solo la clausura de esta obra inmobiliaria, sino que se castigue a quienes autorizaron los permisos de uso de suelo que indebidamente se extendieron, pues no se podía por ser área natural protegida.
Los responsables, sin importar el nivel jerárquico o de gobierno al que pertenezcan o pertenecieron, deben ser sancionados para evitar que quienes vean un negocio en la construcción extendiendo permisos de uso de suelo, lo piensen. Castigo ejemplar para esos malos funcionarios públicos, ojalá se sepa, se dé con ellos y se les exhiba y se les castigue.
Eduardo Garduño Campa
