Que luego de que el viernes se detectaran casos de influenza aviar AH7N3 en una granja comercial ubicada en el municipio de Marín, ayer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, detalló el procedimiento que realizó para contener el brote. Indicó que “como parte del seguimiento, personal técnico realiza un monitoreo constante en la zona perifocal de 10 kilómetros, así como muestreo en las granjas ubicadas dentro del área focal”.
Que ha pasado mes y medio desde que se instaló la Comisión Ambiental Metropolitana, y las promesas de ese 3 de marzo hacen honor a título de película, por aquello de Lo que el viento se llevó. Nada más por poner un ejemplo, la parte más sencilla en teoría, tendiente a mandar gasolinas de mejor calidad a Nuevo León, sigue como una asignatura que no tiene para cuándo quedar lista, y de la reducción de emisiones de la industria federal y la refinería de Cadereyta ya mejor ni hablar. Falta ver si los actores involucrados se deciden que ya es tiempo de presionar para el cumplimiento de estos compromisos.
Que mientras la diputada federal de MC, Iraís Reyes, hará este mediodía un pronunciamiento sobre la presunta eliminación del MIA en trámites de construcción, ayer el municipio de Monterrey se adelantó para enfriar la polémica. A través de un comunicado y un video, el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez, afirmó que es falso que las construcciones en la capital ya no necesitarán permisos ambientales. “Voy a ser muy claro: si se cuenta con el resolutivo de impacto ambiental y el permiso municipal, se construye. Si no se cuenta con el MIA o con los permisos municipales, no se construye”, refirió.
Que concluida la consulta realizada por la administración de Mauricio Fernández sobre densidades optativas en varios sectores de San Pedro, surge una interrogante. Si existen ya tres permisos aprobados y 32 solicitudes en espera, cómo le hará el equipo legal de Fernández Garza para conseguir que esos desarrollos se desistan de un derecho legítimamente adquirido. Porque si la estrategia es invitarlos por las buenas a que se desistan, pinta más a que al municipio le espera un viacrucis legal muy acorde a las fechas.
