Que el gobernador Julio Menchaca reconoció que la solución para regular las tarifas de taxis en todo el estado, especialmente en la Zona Metropolitana de Pachuca, sería implementar taxímetros en las unidades. Esto, ante el descontento generalizado de la población por la falta de una medida que garantice el cobro adecuado del pasaje. Y es que los prestadores del servicio luego cobran lo que se les da la gana pues no están sujetos a ninguna regulación y quiera que no también terminan afectando a los visitantes y turistas que se van con una pésima imagen.
Que de momento, esta problemática carece de una solución clara. El mandatario señaló que se requiere un estudio adecuado para resolver las fallas en el cobro del servicio y, sobre todo, atender la demanda de los usuarios. Aunque desde esta esquina no falta quien alce la ceja preguntándose si no se tratan de grupos amafiados que son los mismos que se han manifestado en contra de la entrada del servicio de plataformas digitales que mejorarían en mucho los traslados y cómo no, la imagen de la ciudad. ¿Qué falta?
Que en otro tema Menchaca Salazar sentenció que el magistrado presidente del TEEH, Leodegario Hernández, debe tener mesura y prudencia en sus expresiones. Esto, debido a que el juzgador reconoció, durante su informe del 9 de septiembre, que "pertenece al mismo movimiento" que la titular de la SSH, Juana Escalante, haciendo alusión a Morena, comentario hecho totalmente fuera de lugar pues independientemente de que su corazón lata por la 4T en este momento lo que menos ayuda al mandatario es que la autoridad se manifieste parcial ¡Faltaba más!
Que el mandatario estatal recordó la obligación de los jueces (cosa que debería haberle quedado claro a Leodegario desde que rindió protesta para el cargo) de ser imparciales en sus resoluciones, la cual debe imperar ante cualquier preferencia política o personal. Menchaca Salazar advirtió que, en caso de que estas filias o fobias incidan en sus decisiones jurídicas, el magistrado ya no estará blindado por el libre albedrío y el derecho a la libertad de asociación. Las autoridades tendrán la facultad de iniciar procesos de responsabilidad.
