Que la mayoría de las más de 200 solicitudes hechas por candidatos para contar con escoltas en la campaña corresponden a candidatos a las presidencias municipales sobre todo en aquellos municipios donde la injerencia del grupo delictivo local es evidente y se han acercado a los aspirantes buscando “apoyarlos” en la campaña con evidente intención de ser favorecidos con tratos especiales en caso de ganar.
Claro que cualquiera podría decir que son pocas comparadas con la cantidad de puestos en juego durante el proceso electoral de este año sin embargo esa cifra coloca a la entidad en el primer lugar de peticiones, situación que se agravó luego del homicidio de Gisela Gaytán, aspirante de Morena a la alcaldía de Celaya.
Que hablando del caso de la candidata nos cuentan que la familia se mostró molesta por la forma en la que fue manejado el tema por parte de los liderazgos de la cuarta transformación en la entidad, pues llamó poderosamente la atención cómo el caso fue utilizado como parte de la campaña electoral y hoy nadie se ha acercado a los deudos.
Nos cuentan que en torno a las investigaciones hay avances y que es cuestión de días para presentar ante la justicia a los responsables materiales, de la intención del homicidio se ha hablado mucho pero lo cierto es que al día de hoy es claro aún el móvil del crimen, del que incluso se ha señalado hasta revancha dentro del partido al que pertenecía la víctima.
Que se suma a todo este ambiente enrarecido la gran cantidad de trabajo que tiene hoy el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, que tendrá como prioridad resolver el juicio de protección de los derechos político electorales de Juan Miguel Ramírez, hasta hoy aspirante a ser el candidato a la alcaldía de Celaya.
Pero el caso es que conforme avance el proceso electoral todo parece indicar que los expedientes se irán acumulando en muchos casos sólo como herramienta para hacer campaña en medio de litigios provocados principalmente por aspirantes que ven en este recurso la posibilidad de señalar al contrincante.
