El Congreso aprobó recientemente una Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, desde el entorno económico y de negocios, es una magnífica noticia.
Según algunos críticos, este no es el caso porque se viola el derecho a la privacidad, se abre el espacio a la censura y se concentran demasiadas facultades en un solo ente. La verdad es que, en materia de privacidad, la ley no cambió nada respecto a lo que ya existía. Cualquier investigación o uso de información personal requiere exactamente de los mismos requisitos que antes: una solicitud fundada, motivada y aprobada por el poder judicial.
En cuanto a la supuesta censura, nunca hubo tal, pero en cualquier caso se eliminó el artículo 109 que normaba el bloqueo de plataformas. Finalmente, respecto a la acumulación de facultades, esto quedó resuelto con la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano colegiado con cinco integrantes, cuyo nombramiento requiere la aprobación de dos terceras partes del Senado y que tiene, entre muchas otras funciones sustantivas, la resolución de controversias y la administración del padrón de concesionarios y operadores.
Ahora, ¿por qué es buena noticia? Hoy millones de mexicanos carecen de acceso a internet de calidad. La ley busca conectar a 15 millones de personas más mediante redes de fibra óptica, centros de datos y conectividad satelital. El esfuerzo no solo tiene un carácter social, sino que también impulsa nuevos mercados digitales para pequeñas empresas, fintechs, plataformas de comercio electrónico y educación a distancia.
La nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá, además de la misión de conectividad, la tarea de simplificar y digitalizar trámites, reduciendo costos y tiempos operativos. Esto es positivo para la inversión privada porque las reglas para garantizar la competencia no cambian, se establecen mecanismos para el acceso de más usuarios a la infraestructura disponible y para hacer atractivo el despliegue de la nueva, y crea un modelo que elimina barreras burocráticas para estos proyectos.
¿Puede este diseño institucional cumplir con esas promesas? La experiencia de Ciudad de México dice que sí. Antes de 2018 contaba con apenas 98 puntos de wifi gratuito. Con la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, que en su momento se hizo con la misma lógica que la ATDT y, de hecho, con el mismo titular, Pepe Merino, se multiplicaron los puntos de conexión hasta 33 mil, convirtiendo a la capital en la ciudad más conectada del mundo. Estos puntos abarcan escuelas, unidades habitacionales, transporte público, parques y avenidas. Además se digitalizaron más de 300 trámites, se eliminó 40 por ciento de requisitos innecesarios y los tiempos de los permisos se redujeron a menos de 30 días.
Si la ATDT logra replicar este modelo a nivel federal, México experimentará una expansión sin precedente en conectividad pública, reducción de trámites y transparencia, todo ello clave para un entorno de negocios más competitivo y propicio para el reto que el momento económico global plantea a las empresas mexicanas.
Alfa positivo. Como parte del Plan México, el gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Salud, anunció una inversión de 10 mil 480 millones de pesos por parte de las empresas mexicanas Kener, con 5 mil 180 millones; Genbio, con 4 mil millones; Alpharma BioGenTec, 800 millones, y Neolsym, 500 millones, con el objetivo de fortalecer a la industria farmacéutica en el país.
