Santo Domingo Armenta, municipio de Oaxaca, cuenta con una lista nominal de 2,332 personas, según los informes preliminares el ganador de las elecciones del pasado 2 de junio es Yoni Baños.
Fue asesinado ese mismo día por la noche.
La suma de los votos nos ofrece un resultado político. También el “recuento de las balas” en el proceso electoral.
Según el proyecto Votar entre balas de Data Cívica, hasta el 2 de junio de este 2024 han asesinado a 29 personas candidatas o precandidatas y 40 funcionarios públicos.
La mayoría ocupaba o competía por puestos a nivel municipal.
Además, en este año se registran 32 amenazas, 14 ataques armados, 36 atentados y 9 secuestros. Morena es el partido con más víctimas (44), seguido por PRI y PAN (22 cada uno).
¿Qué son estos hechos?, ¿violencia criminal?, ¿violencia política?, ¿violencia electoral?
Hans Magnus Enzensberger en su reflexión, ya clásica, sobre las intersecciones de la política y el delito sugiere analizar las motivaciones que están de fondo cuando en circunstancias concretas el sistema criminal y político conviven.
Con la lucidez y el análisis crítico que le caracteriza, Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador en el CIDE, se ha aproximado al caso mexicano en materia de violencia en el proceso electoral utilizando la categoría de gobernanza criminal.
Esta gobernanza criminal incide sobre la vida pública en los periodos electorales para negociar equilibrios e incidir en el resultado; pero esto es solo una muestra del poder cotidiano que se ejerce en regiones concretas del país, afirma Pérez Ricart.
Estos actos violentos, ¿eran para mantener o para modificar el status quo?, ¿se fracturó o está en riesgo la alianza que ejerce el poder?, ¿qué efectos produce?
La cartografía de las redes del poder local permiten entender cómo se moldea la vida pública de los municipios.
Y en estos casos, por poder local se ha de entender el uso ilegal de la fuerza y el límite o el grado de convivencia con el aparato estatal.
La administración regional de la violencia en los periodos electorales obliga a la reflexión sobre las implicaciones éticas, legales y sociales de la construcción y el mantenimiento del poder en el eslabón más débil del Estado mexicano.
Para evitar estos picos de violencia en los ciclos electorales es necesario revisar los territorios donde se hicieron alianzas y coordinaciones que produjeron prácticas exitosas en la reducción de la criminalidad y en la ampliación de derechos.
@perezyortiz
