El pasado lunes 13 de marzo un grupo de vecinos de la colonia Eduardo Guerra, en Torreón, auxilió a personas migrantes.
Los vecinos los defendieron de las autoridades. Concretamente, del Instituto Nacional de Migración y de policías municipales.
Los migrantes estaban siendo extorsionados y amenazados por los agentes del Estado.
Lamentablemente, es una escena común en México. Las personas migrantes, además de la adversidad del camino a la frontera, son víctimas del crimen organizado y de los abusos por parte de policías y agentes de migración.
Toda persona migrante tiene derecho a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución política de México.
Es decir, a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas.
Ante la situación ocurrida esta semana podemos resaltar dos derechos violados:
a) Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal derecho sea restringido, sino en virtud de una ley y por razones de interés público.
b) En México todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho.
La criminalización que sufren por parte de representantes del Estado mexicano se contrasta con la acogida y solidaridad de personas, organizadas o no, que atienden las necesidades básicas de los migrantes.
Estos vecinos se convierten en una especie de “corredores, rutas o caminos” humanitarios que las personas migrantes pueden “recorrer” para encontrar confianza y ayuda cálida.
Esta respuesta vecinal sí está en orden con los derechos constitucionales e internacionales que las personas poseen y que no pierden por su condición migrante.
La ayuda humanitaria parte de un principio muy básico: reconocer la dignidad de toda persona.
@perezyortiz
