Luego de la destitución de Alberto Fujimori en el año 2000, quien posteriormente fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio y corrupción, la inestabilidad política ha sido la regla en la democracia peruana. Hoy el presidente Pedro Castillo enfrenta una arremetida política y mediática, en medio de tensiones y un complot para lograr su vacancia o su renuncia.
Basta con formar una coalición opositora de dos tercios del Congreso unicameral y una narrativa que configure la incapacidad moral —una figura muy controversial por su subjetividad y hecha al vaivén de los intereses dominantes— para vacar al presidente, en cuyo caso asume el vicepresidente, o en su defecto el presidente del Congreso. Desde 2016, se han presentado cuatro de estas mociones de censura, tumbando a dos presidentes.
Entre 2000 y 2006 gobernó Alejandro Toledo, acusado por corrupción y arrestado en Estados Unidos; entre 2006 y 2011, Alan García, acusado por corrupción, se suicidó en 2019; Ollanta Humala, 2011-2016, ahora en libertad condicional y acusado por el caso Lava Jato; Pedro Pablo Kuczynski, electo para el período 2016-2021, renunció en 2018, apenas a dos años de iniciar su mandato, acusado de recibir sobornos de Odebrecht.
Con Kuczynski se inauguró la “caza” al presidente que se vive en Perú desde entonces: PPK renunció un día antes del segundo intento de vacancia del Congreso.
Los presidentes subsiguientes fueron designados por sucesión: Martín Vizcarra (2018-2020) acusado por corrupción, fue vacado por el Congreso por incapacidad moral; Manuel Merino, dimitió seis días después de su posesión debido a las multitudinarias protestas ciudadanas por su nombramiento; y Francisco Sagasti, presidente interino entre noviembre de 2020 y julio de 2021, cuando se realizó la elección presidencial, por fin en condiciones ordinarias, que dio como ganador al actual mandatario, el Profe Pedro Castillo, un personaje muy incómodo para las élites peruanas.
Desde el día que el candidato de Perú Libre fue electo, enfrentó acusaciones infundadas por un supuesto fraude electoral. La gobernabilidad sería el reto más importante para su gobierno, en medio de una elección marcada por la polarización y una oposición radicalizada que, desde antes de asumir el cargo, le ha negado la legitimidad que le confirió el pueblo en las urnas.
Sin embargo, a seis meses de su elección, Castillo no ha logrado consolidar un equipo de gobierno sólido, pero sobre todo, coherente con los ideales con los que ganó la presidencia, juramentando este martes a su cuarto gabinete presidencial. Los escándalos de sus ministros salientes han estado ligados a hechos de corrupción y a cuestionados y tradicionales grupos de poder. El más reciente comenzó a gestarse a horas de haber nombrado a su tercer gabinete; Castillo sorprendió con la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, un congresista poco conocido, proveniente de la extrema derecha, y acusado por su hija y su esposa por violencia familiar, razón por la cual recibieron medidas cautelares.
Pocas horas antes del anuncio de Castillo, algunos de sus propios ministros se sumaron a las voces que demandaban que Valer fuera apartado. El nuevo funcionario, que duró tres días en su puesto, había sucedido en el cargo a Mirtha Vásquez, que dimitió hace pocas semanas, sólo unos días después de que lo hiciera el ministro del Interior, Avelino Guillén; ambos denunciaron la existencia de corrupción a altos niveles del Estado y aseguraron que Castillo no actuaba con la firmeza debida.
En diciembre, el Congreso intentó, sin éxito, hacer uso nuevamente de su ya conocido mecanismo, la moción de vacancia por incapacidad moral, aprovechando que el presidente no cuenta con una mayoría que lo respalde. Y seguramente, como lo muestra la historia, no será la última.
Se espera que con este cuarto gabinete presidencial en el que fueron designados un nuevo presidente del Consejo de Ministros y seis ministros nuevos, los ánimos se apacigüen. Sin embargo, lo más importante es que el presidente cumpla las expectativas de un pueblo que le confió su voto esperando un profundo cambio, y que el Congreso entienda que por el bien de la endeble democracia peruana, la solución no es vacar al presidente y que no están por encima de las decisiones soberanas de las y los peruanos.
De la derecha poco democrática y los grupos de poder que se benefician con una latente crisis de gobernabilidad en Perú, pues no esperamos nada. En el Palacio cedieron a sus presiones, dejaron entrar al demonio al gabinete y ahora hay que apurarse a sacarlo.
Daniela Pacheco
@DanielaPachecoM
