Como abogada y diputada, siempre he tenido la certeza de que el derecho penal es un elemento muy importante dentro del marco jurídico, pero no está hecho para resolver por sí mismo los problemas de la sociedad con castigos y aumento de penas.
Por el contrario, siempre he estado convencida de que el derecho penal es la última opción del estado para tratar los problemas sociales; hablamos de un caso extremo, en el que ya no hay otras salidas. De igual manera, siempre he creído que el Derecho, en general, tiene una función didáctica, una función que nos orienta a todos a actuar de manera tal que sea posible, feliz y productiva la vida en comunidad.
Bajo esta visión, en días pasados presenté una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, orientada a fortalecer los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violencia; mejorar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.
Por medio de la iniciativa, buscamos una serie de modificaciones al Código Penal para tener una mejor aplicación de la ley ante los delitos de violación y estupro; además, planteamos aumentar la pena en los delitos de feminicidio, abusos sexuales, acoso sexual, hostigamiento sexual, afectación a la intimidad y captación de menores; todo ello siempre con base en el principio de proporcionalidad de la pena.
En este sentido y partiendo de la perspectiva que mencioné al principio de esta colaboración, se puede observar que solo en ciertos delitos incrementarían las penas, atendiendo a la gravedad que tienen para la sociedad y para las víctimas.
También es menester señalar que el sistema de justicia no descansa únicamente en las sanciones que se puedan imponer a quien haya cometido algún delito; por el contrario, existe todo un sistema de seguridad y justicia que va desde la prevención hasta los medios alternativos de solución de controversias. No todo son castigos, cárcel y multas, y no todos los problemas de la sociedad se van a resolver mediante ellos. Además, hay que puntualizar que la rehabilitación, capacitación y reeducación son indispensables para la convivencia social y, en su caso, una efectiva reinserción social.
Es indispensable que aprendamos a prevenir el delito desde el autocuidado y que denunciemos cuando seamos testigos o víctimas de un delito. Debemos seguir exigiendo a las autoridades que fortalezcan las medidas de prevención y que, cuando ocurra una conducta delictiva, se castigue siempre al agresor.
