Va la controversia constitucional en torno al acuerdo del Congreso de Tamaulipas que establece las reglas que seguirá dicha legislatura respecto al juicio de procedencia contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Ayer se aprobó en San Lázaro acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morena y sus aliados se impusieron con 285 votos a favor, ante 77 en contra y 46 abstenciones.
La aplanadora argumentó que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados resolver la procedencia de las solicitudes de desafuero también de gobernadores y que sus decisiones son inatacables.
Se alega que la Legislatura tamaulipeca no puede asumirse como una instancia revisora cuando la Cámara Baja tome su decisión.
El PAN señaló que a los gobernadores los ponen y los quitan los electores, y que el tema es solo un instrumento de golpeteo político de la 4T. El PRI solo pidió respeto a la Constitución.
El acuerdo estatal se basa en el párrafo quinto, artículo 111 de la Constitución y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ahí se lee que el procedimiento para el desafuero de servidores públicos de los estados, entre ellos el gobernador, una vez que la Cámara de Diputados haya resuelto, si es positiva tendrá únicamente el carácter declarativo y corresponderá a los Congresos de los estados la determinación final. La controversia busca litigar la constitucionalidad de ese acuerdo, señalando que las decisiones de la Cámara son inatacables para dictar la procedencia conforme al 111 Constitucional.
En la controversia constitucional 24/2005 interpuesta por la Cámara de Diputados contra un acuerdo similar, emitido por la Asamblea Legislativa, durante el juicio de procedencia contra el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte determinó que los Congresos estatales sí tienen la facultad para emitir este tipo de acuerdos.
Pero le negó, en aquel momento, a la Asamblea Legislativa esa facultad, debido a que no se trataba de un congreso estatal, ni el jefe de gobierno era un gobernador.
¿Se extralimitó el Congreso local en sus facultades? Será la SCJN la que resuelva en definitiva. El caso, sin duda, sentará precedente.
De su fallo depende si los diputados tamaulipecos logran frenar el desafuero. _
