Política

Falklands (o Malvinas)

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El 2 de abril de 1982 Argentina invadió las islas Malvinas. La dictadura militar del general Jorge Rafael Videla (y Leopoldo Galtieri) hizo a un lado las negociaciones que sostenía con Londres respecto a ellas, para resolver la cuestión por la fuerza, en medio de una baja popularidad y una grave crisis económica en Argentina. Margaret Thatcher respondió: envió una expedición militar a ese rincón del hemisferio Sur, un archipiélago situado a solo 600 kilómetros de Argentina, pero habitado esencialmente por ingleses, súbditos de Su Majestad. El 14 de junio terminó la guerra. Duró poco, pero fue sangrienta: murieron más de 900 personas, 649 argentinos y 255 británicos, así como tres habitantes de las islas. Hace de eso 40 años. Una de las consecuencias de la derrota de Argentina fue la caída de la dictadura, una de las más brutales en la historia de América Latina.

Es posible que el navegante inglés John Davis, al frente del Desire, fuera la primera persona que vio las islas, en 1592, pero ellas fueron nombradas por primera vez por el capitán neerlandés Sebald van Weert, quien las llamó en su honor las Sebaldinas. El inglés John Strong hizo el primer desembarco registrado en 1690 y, ya en tierra, bautizó a las islas con el nombre del Vizconde de Falkland. En 1764, el francés Louis-Antoine de Bougainville fundó el primer asentamiento en las islas, que llamó Malouines. Los franceses vivían al este, los ingleses al oeste del archipiélago, disputado por ambos, y por los españoles, en el último tercio del siglo XVIII. En 1820, el gobierno de Buenos Aires, tras declarar su independencia de España, proclamó su soberanía sobre las islas; impulsó ahí un asentamiento, desalojado en 1833 por los ingleses (“sin disparar un tiro”, dice la Enciclopedia Británica) para instalar en su lugar un gobierno dependiente de Londres, no reconocido por Buenos Aires. A fines del siglo XIX había ya una comunidad británica de dos mil personas en las islas Falkland.

En 1964, en el marco de la descolonización tras el fin de la Segunda Guerra, el status de las islas fue debatido por la ONU. Argentina basó su reclamo en el Tratado de Tordesillas de 1494, en que España y Portugal se dividieron el Nuevo Mundo, diciendo ser heredera de España, así como en la proximidad de las islas a América. Afirmó que había que acabar con “una situación colonial” en las Malvinas (del francés Malouines). La Gran Bretaña, a su vez, fundó su reclamo en “la posesión abierta, continua y efectiva” de las islas desde 1833, y en su decisión de aplicar a sus habitantes el principio de autodeterminación, reconocido por las Naciones Unidas. Afirmó que, lejos de acabar una “situación colonial”, el control argentino sobre la vida de los habitantes de las islas, contra su voluntad, crearía de hecho una situación colonial. En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065, que llamó a las partes a negociar, pero las tensiones escalaron tras el golpe militar de 1976 en Argentina, que decidió utilizar la fuerza en 1982.

Estoy a favor de la autodeterminación de los pueblos, en las islas Falkland como en Ucrania y Taiwán. No creo en el argumento de la proximidad. En el referendo de 2013, los habitantes de las islas votaron, casi unánimes, por seguir siendo un territorio de ultramar de la Gran Bretaña.

Carlos Tello Díaz

Investigador de la UNAM (Cialc)

[email protected]

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Carlos Tello Díaz
  • Carlos Tello Díaz
  • Narrador, ensayista y cronista. Estudió Filosofía y Letras en el Balliol College de la Universidad de Oxford, y Relaciones Internacionales en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Ha sido investigador y profesor en las universidades de Cambridge (1998), Harvard (2000) y La Sorbona. Obtuvo el Egerton Prize 1979 y la Medalla Alonso de León al Mérito Histórico. Premio Mazatlán de Literatura 2016 por Porfirio Díaz, su vida y su tiempo / Escribe todos los miércoles jueves su columna Carta de viaje
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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