La militarización de las instituciones de seguridad pública federal es un asunto en el que llevamos tres sexenios y que ahora ha concluido con un aplastamiento definitivo a todas las voces, leyes, tratados internacionales que lo impedían.
No confundamos los votos de estos días en el Congreso, producto de la política del momento, con lo que panismo y priismo quisieron en su momento tal vez de otras maneras, pero el asunto de los militares y la seguridad pública es un asunto que todos han querido. Todos menos Morena, hasta que López Obrador, ya presidente, cambió de opinión y les entregó no solo eso, sino buena parte de las obras públicas más importantes de su sexenio.
Las leyes secundarias aprobadas en estos días son mucho más que el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, sino que describen la fuerza que ahora tendrá el Ejército en los asuntos de seguridad y que hasta ahora estaban limitados.
Tomo solo algunos de estos asuntos del análisis de MUCD: “Destaca que va a supervisar las operaciones que realice la Guardia Nacional para la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Así, aunque la estrategia sea elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su evaluación dependerá de la Sedena. La legislación también añade la facultad para la Sedena de establecer coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información para generar, compartir y obtener información en materia de seguridad pública. Esto aumenta el control militar sobre información civil. Finalmente, la iniciativa busca dotar a la Secretaría de la Defensa Nacional de atribuciones nuevas en materia de seguridad nacional que eran exclusivas de la SSPC. Lo que vemos, entonces, es que los pocos poderes que tenía la SSPC ahora se tienen que compartir con la Sedena”.
Y muchas facultades más que dan al Ejército un poder que no tenía, que no debería tener.
Las actividades de la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad no son nuevas, insisto, llevan de muchas maneras casi 20 años en eso; la diferencia ahora es que lo harán legalmente y con toda la fuerza. Es decir, son responsables, con más personal, recursos e infraestructura que la institución civil que encabeza García Harfuch.
Es a ellos a quien ahora habrá que pedir cuentas. No será sencillo, casi imposible, no están acostumbrados a rendirlas.
