Decía el ruidoso abogado de los Guzmán en Estados Unidos hace unos días que le parecía extraña esta exigencia del gobierno mexicano, en particular del presidente López Obrador en su tiempo y ahora la presidenta Sheinbaum, de saber qué pasó con El Mayo Zambada hace un año, cómo fue el operativo contra el legendario líder criminal que lo tiene en EU enfrentando a la justicia.
Debo confesar que creo que algo de razón tiene ese extrañamiento. Creo que es uno que comparten las autoridades estadunidenses que organizaron o al menos permitieron el operativo.
El Mayo Zambada fue por décadas el líder conocido, se sabía el estado en el que vivía la mayor parte del tiempo, le dio una entrevista al mejor periodista mexicano el siglo pasado, mantenía un ejército de trabajadores a lo largo y ancho de la región que dominaba, en fin. En todas esas décadas nunca pisó una cárcel mexicana, ya no digamos un ministerio público.
El Mayo es símbolo preciso de la impunidad mexicana. Impunidad que no importa partido político que gobierne, estado del país donde suceda, delito al que se dedique el impune; eso, la impunidad, es en buena parte la que nos tiene donde nos tiene.
Es cierto que el más obvio cambio de política pública entre el sexenio pasado y el actual es en seguridad. Y ellos dicen ser un éxito. Ahora, nada de esto dará resultados si la impunidad se traslada a lo político, a los políticos, quiero decir.
Son dos los mayores esfuerzos de este gobierno contra el crimen organizado: el huachicol y la extorsión/derecho de piso.
En ambos casos se han hecho operativos. Notables las cifras de decomisos y recuperación de huachicol en varios estados de la República, y hace poco vimos el operativo Liberación en Estado de México contra el derecho de piso y la apropiación de territorios.
Hasta hoy, en ambos casos, tal parece que ningún funcionario público o político con algún poder sabía nada de lo que sucedía. Ni en Estado de México, ni en los municipios, ni las policías estatales y locales. Nada. No hay un solo arresto que importe. Como con el huachicol, ni las aduanas, ni en los puertos —que controla la Marina— ni en los estados y municipios donde pasa y se almacena el combustible robado. Nada.
Esa impunidad es insostenible. Porque sin sanción, los delincuentes y sus estructuras solo se reacomodan y, por tanto, lo que hoy se vende como éxito… termina no siendo.
