Durante el gobierno de Felipe Calderón se hizo pública una confidencia del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, expresada en una charla que se suponía off the record con varios corresponsales extranjeros: que las bandas mexicanas del narcotráfico tenían “bases sociales”.
Meses después, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alertó sobre el riesgo de que la delincuencia organizada impusiera candidatos (venían los comicios intermedios) e incidiera en los resultados de la votación para sembrar a quienes quisiera en cargos de elección.
Las dos aseveraciones provocaron histéricas y airadas reacciones en el ala progre del Congreso de la Unión, lloriqueando a partir de la tonta idea de que “el pueblo” es bueno y no se involucra en actividades criminales.
Antes de ambas advertencias, a principios de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional había hecho un diagnóstico alarmante de la efervescente narcoviolencia, hoy desatada con más fuerza que nunca.
Con detallada información de acciones delictivas de las bandas; la captura de criminales, la incautación de armas, drogas, vehículos terrestres, aéreos y marítimos, la nota principal de MILENIO fue la revelación de aquel estudio, y la presentó con el mismo título que le puso el Ejército: En riesgo, la viabilidad del Estado mexicano.
Las referencias vienen a propósito de lo que hoy reconoce sin tapujos el gobierno del presidente López Obrador, sin que nadie haga el ridículo de desgarrarse las vestiduras por “el pueblo” ni por el hecho de que el narcotráfico gobierne, cuando menos, a niveles municipales.
En su mañanera del martes, al hablar del chilpancingazo, el mandatario dijo:
“En Benemérito, que es un municipio limítrofe con Guatemala, en algunas localidades —no todas— la delincuencia organizada tiene bases, al grado que cuando aterrizan aeronaves con cocaína y hay vigilancia, el Ejército y la Guardia, tienen que actuar rápido porque alguna gente protege a delincuentes”.
De los disturbios en la capital guerrerense, afirmó que el verdadero interés fue proteger al crimen organizado “y no es fácil llevar a cabo los decomisos de cocaína (…). Eso está pasando y lo estamos atendiendo (…) hablándole a la gente (para) que no se deje manipular”.
A su vez, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que los movilizados pretendían la liberación de dos pandilleros de la narcobanda Los Ardillos.
Sin embargo, como se sabe ya, la descompresión del conflicto se dio sin que la supuesta exigencia fuera siquiera planteada por los protestantes.
Volviendo al tema, a lo de la base social del narco se añade la convicción presidencial sobre la narcoimposición de gobernantes:
“Llegaron a postular candidatos y a ganar presidencias municipales; tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron”, dijo ayer.
Tenían razón Valdés y García Luna, pero casi nadie se los reconocerá...
