Aderezados con alegatos que capitalicen jurídicamente la burlona intromisión presidencial en la negativa de registro a México Libre, los razonamientos de la propuesta que por unanimidad acordaron los cinco integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos parecen bastar para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eche abajo la negativa del Consejo General del INE al reconocimiento legal de la agrupación que encabeza Margarita Zavala.
La impugnación judicial es no solo una oportunidad para el partido calderonista sino también, y quizá sea lo más importante, para la recuperación de la credibilidad en el Tribunal mismo. Como se recordará, esta inapelable instancia carga desde 2018 con el ominoso estigma de que sus magistrados, también por unanimidad, alcahuetearon la multimillonaria y descarada compra de votos por parte de Morena jamás antes documentada, aquella que disfrazó de fideicomiso de ayuda para los damnificados del temblor del 19 de septiembre de 2017.
En la opinión que suscribieron el día previo a la sesión del Consejo General que negó el registro, los consejeros Claudia Zavala (presidenta), Adriana Favela, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas y Martin Faz coincidieron en que la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) cubre los requisitos para sumarse a las agrupaciones que el año próximo disputarán el mayor número de cargos de elección de la historia.
La iniciativa de la Comisión incluyó que México Libre debe pagar la multa de 2 millones 700 mil pesos impuesta el 18 de agosto por el INE, a causa de aportaciones que totalizaron un millón 600 mil pesos a través de un dispositivo electrónico, no permitido por la legislación, de “personas no identificadas”.
Ante la sorpresiva negativa, el ex presidente Felipe Calderón afirma que “todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad, tiene la atribución de corroborarla con los bancos”. De cada uno, asegura, se mostró el recibo respectivo con los cuatro últimos dígitos, como lo establece la normatividad bancaria. “Se exhibió además copia de la credencial para votar y carta bajo protesta de decir verdad que identifica al donante”.
Pero según el consejero Ciro Murayama, desde el año pasado el INE le advirtió a México Libre que las aportaciones por ese conducto no eran válidas, precisamente porque “no se conoce la identidad” de los donadores.
Aunque no se lo propusiera, las opiniones de López Obrador sobre la negativa tienen el peso de su prominencia y pueden incidir en el criterio de los magistrados electorales.
Julián Andrade, irreprochable conocedor del tema, escribió que el Presidente, “en los hechos, lo puso del siguiente modo: ratificar el acuerdo del INE o atenerse a las consecuencias”. Y todo porque el INE “pudo aprobar el registro y continuar con las indagatorias pertinentes, pero se optó por el manotazo…”.
