En México, la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros altos tribunales federales ha sido históricamente una prerrogativa del presidente de la República, quien propone a los candidatos, y el Senado, que se encarga de la ratificación.
Sin embargo, en un giro novedoso, este 1 de junio se llevará a cabo un proceso electoral inédito en el país: la elección ciudadana para elegir a los integrantes del Poder Judicial.
Este proceso, que busca democratizar la selección de los jueces, ha generado un intenso debate, ya que no solo promete reformar el sistema judicial mexicano, sino que también plantea varios riesgos que podrían afectar la independencia de este poder fundamental.
¿Por qué es necesario este proceso de elección ciudadana?
Democratización del poder judicial
Uno de los principales argumentos a favor de la elección ciudadana es la necesidad de que los mexicanos participen de manera más activa en la selección de los jueces, lo que podría contribuir a una mayor legitimidad del sistema judicial.
Tradicionalmente, el proceso de selección de jueces ha sido percibido como un asunto entre elites políticas, alejando a la ciudadanía de una de las instituciones más importantes del país.
A través de la elección directa, se busca dar a la sociedad la posibilidad de elegir a quienes serán responsables de interpretar y aplicar la ley, lo que podría aumentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
Supuesta Eliminación de los vínculos políticos y la corrupción
El sistema actual ha sido criticado por la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial, ya que los presidentes de la República y los senadores tienen una influencia considerable sobre la elección de jueces y ministros.
Esto, en ocasiones, ha generado la percepción de que algunos fallos judiciales están influenciados por intereses políticos.
La elección ciudadana, en teoría, podría reducir estos vínculos, permitiendo que los jueces sean elegidos en función de su perfil profesional y no por sus conexiones políticas.
Mejora en la confianza de los ciudadanos
El proceso de elección democrática de los jueces también tiene el potencial de aumentar la confianza de la población en el sistema judicial.
Al permitir que la gente elija a sus jueces, se promueve una relación más estrecha entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de impartir justicia, lo que podría fortalecer el Estado de derecho y el respeto por las decisiones judiciales.
Fomento a la transparencia
Al abrir el proceso a la ciudadanía, se obliga a los candidatos a presentar sus credenciales de manera más clara y pública.
Los jueces deberán rendir cuentas ante el electorado, lo que, en teoría, podría generar una cultura de mayor transparencia en el Poder Judicial.
Los electores, por su parte, tendrían acceso a información más detallada sobre la carrera, los antecedentes y las posiciones ideológicas de los postulantes.
¿Por qué podría ser un fracaso?
Politización del proceso electoral
Una de las grandes preocupaciones es que, al ser un proceso electoral, este podría estar sujeto a las mismas dinámicas que afectan a las elecciones generales en México, donde los intereses políticos prevalecen sobre las cualidades y el perfil profesional de los candidatos.
Los partidos políticos podrían utilizar su influencia para manipular la elección, promoviendo candidatos que respondan a sus intereses, en lugar de seleccionar a los jueces más capacitados y neutrales.
Desinformación y falta de preparación de los votantes
La elección de jueces es un proceso altamente especializado que requiere que los electores cuenten con un conocimiento profundo sobre el sistema judicial y los perfiles de los candidatos.
En un país donde el nivel de educación y la comprensión sobre el funcionamiento del Poder Judicial es limitado, la ciudadanía podría votar de manera superficial o influenciada por campañas populistas o intereses ajenos a la impartición de justicia.
Esto podría resultar en la elección de candidatos que no estén suficientemente capacitados para desempeñar funciones judiciales de alto nivel.
Peligro para la independencia judicial
Aunque uno de los objetivos de la elección ciudadana es reducir la influencia política sobre el Poder Judicial, en la práctica, podría ocurrir lo contrario.
Al hacer de los jueces una figura más política y susceptible a las presiones populares, se podría comprometer la independencia judicial.
Los jueces, al estar sujetos a elecciones, podrían sentirse obligados a tomar decisiones que favorezcan la popularidad o los intereses de los votantes, en lugar de basarse únicamente en la ley y los principios constitucionales.
Fragmentación y polarización
El sistema judicial mexicano es complejo y está compuesto por una variedad de tribunales y jueces especializados.
La elección de ministros o jueces a través de un proceso de votación podría generar una mayor fragmentación y polarización dentro del Poder Judicial.
Los electores podrían seleccionar candidatos que representen sus propias inclinaciones políticas o ideológicas, lo que podría dar lugar a tribunales con una composición ideológica muy diversa y hasta conflictiva, dificultando la toma de decisiones coherentes y consistentes.
Rechazo al cambio
El proceso de elección ciudadana también podría enfrentar una gran resistencia por parte de aquellos que defienden el sistema actual.
Muchos ven al Poder Judicial como una institución que debe mantenerse alejada de los vaivenes de la política electoral, con el fin de garantizar su imparcialidad y estabilidad.
Para estos críticos, la elección ciudadana representa una amenaza a la integridad y seriedad del sistema judicial.
El proceso de elección ciudadana para el Poder Judicial en México, que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, es sin duda un paso audaz hacia la democratización de una institución clave en el Estado de Derecho. Sin embargo, como toda reforma, tiene sus riesgos.
La politización, la desinformación y el peligro de afectar la independencia judicial son algunos de los riesgos que podrían derivarse de este proceso.
Por ello, es fundamental que los ciudadanos estén bien informados y que se implementen mecanismos que garanticen la imparcialidad y la capacidad técnica de los candidatos.
En última instancia, el éxito o fracaso de esta reforma dependerá de cómo se lleve a cabo el proceso y de los mecanismos de control y equilibrio que se establezcan para preservar la autonomía y eficiencia del Poder Judicial, sin que se vea socavada por las presiones políticas o sociales.
