Lo que está en juego con la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es, nada más y nada menos, que el destino del último pilar que queda en pie en el México actual del diseño básico de una democracia liberal. Me refiero a la existencia y operación de un sistema de reglas e instituciones que permitan y hagan creíble que un partido distinto al que ocupa el poder pueda ganar las siguientes elecciones.
Digo que la contestabilidad electoral es el último pilar en pie restante hoy por hoy en México, pues el otro elemento central en una definición minimalista de democracia liberal, que es la sujeción del poder derivado de las urnas a la ley y a los límites inscritos en la Constitución, actualmente está en entredicho como resultado de la muy sui géneris reforma del Poder Judicial en curso en el país.
Son muchos los atributos que distintos autores y corrientes asocian al régimen conocido como “democracia liberal”. En su versión más minimalista, Adam Przeworski, entre otros, incluyen como la más básica y definitoria el que el método para llegar al poder sean las elecciones y el que estas sean efectivamente competitivas. Es decir, que existan diversos partidos y, lo más importante, que partidos distintos al que gobierna puedan desbancar del poder a ese partido a través de elecciones libres y competitivas.
Los objetivos declarados de la propuesta que habrá de presentar al Congreso el próximo febrero la presidenta Sheinbaum han ido cambiando, pero, por lo pronto, parecen incluir la disminución del costo de las elecciones (presupuesto que se le asigna a los partidos políticos, y gasto de organismos electorales y campañas), un nuevo esquema para representación de las minorías que sustituya a la fórmula actual de plurinominales, así como medidas que faciliten la creación de nuevos partidos y las candidaturas independientes.
El tema, absolutamente nodal, de la elección vía voto popular de los/las consejeros que integran el máximo órgano del Instituto Nacional Electoral (INE) por el momento parece estar en suspenso. Al respecto, Claudia Sheinbaum ha dejado de mencionarlo como tema central y, cuando lo hace, señala que es un tema en consideración. Ese tema es nodal porque un proceso similar al de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros puede comprometer una condición indispensable para la contestabilidad electoral efectiva. Me refiero a que la organización responsable de organizar las elecciones sea independiente del gobierno.
Aún es pronto para conocer cuáles son los objetivos de fondo de la reforma —más allá de lo declarado oficialmente por la Presidenta y por varios miembros de su partido. También es pronto para saber qué asuntos tendrá que negociar con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo para lograr la mayoría constitucional requerida para que se apruebe la reforma propuesta desde la Presidencia.
Conviene, sin embargo, empezar a identificar cuáles son los aspectos centrales que habría que observar de esa reforma para valorar si esta puede vulnerar o incluso cancelar en la práctica la contestabilidad electoral efectiva. Dados los límites de espacio y que la lista de condiciones requeridas para garantizar contestabilidad efectiva es larga e incluye tanto elementos formales —leyes, reglamentos, etcétera— como informales, y este es un espacio breve, me concentraré aquí solamente en las formales más importantes.
Considero que son tres las condiciones institucionales indispensables para que siga habiendo en México la posibilidad de que un partido fuera del poder acceda a este a través de las urnas.
Primero, una institución a cargo de organizar las elecciones y contar los votos que sea independiente del gobierno y que cuente con los recursos materiales, humanos y técnicos suficientes para organizar elecciones y contar los votos de forma correcta y creíble, en especial para los partidos políticos y los candidatos perdedores.
Segundo, una política de financiamiento que dote a todos los partidos que participen en las diferentes contiendas recursos para sus actividades electorales, así como esquemas de transparencia y rendición de cuentas rigurosos para el manejo de esos recursos y, muy especialmente, de dispositivos para inhibir y, en su caso, sancionar el uso directo de recursos gubernamentales a favor de los/las candidatos del partido del gobierno.
Tercero, acceso equitativo a tiempos oficiales a todos los partidos contendientes para publicitar sus ofertas y reglas parejas en materia de comunicación político-electoral.
Si estas condiciones no existen, es prácticamente imposible que la contestabilidad electoral sea efectiva.
Pero eso es solo la punta del iceberg. Hay muchas otras condiciones que deberán permanecer del régimen actual y algunas que habría que reforzar o introducir para garantizar en los hechos que México siga contando con un régimen político en el que cualquier partido pueda ganar elecciones y, en especial, que el partido en el poder pueda perderlo a través del voto ciudadano.
Tendremos que ir viendo hacia dónde apunta la reforma electoral de la Presidenta y qué tanto —en lo formal y lo informal— mantiene o vulnera y cómo la contestabilidad electoral.
