Por mucho tiempo se sostuvo el discurso de que los derechos eran un obstáculo para la persecución de los delitos. Que si se quería acabar con la impunidad había que reconsiderar la conveniencia de darles una protección robusta. Que había una incompatibilidad de fondo entre el respeto a los derechos y la efectiva persecución de los derechos.
Lo cierto es que combatir la delincuencia con las armas de la delincuencia probó ser un total fracaso. Bajo ese paradigma, la violencia siguió en aumento, no se redujeron los índices de impunidad y el costo en materia de violación a los derechos humanos fue altísimo. Era común la fabricación de culpables y las cárceles estaban llenas de inocentes. El desdén por el debido proceso solo generó dolor, sufrimiento y pocos o nulos resultados.
En la actualidad, el reto y la apuesta por parte de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia a nivel federal es combatir la impunidad a través del paradigma de los derechos y del constitucionalismo, con las armas del derecho y la democracia. Es bajo esa lógica que se está abordando el caso Ayotzinapa y ya se empiezan a ver los resultados.
En este modelo, el rol de los jueces federales para asegurar el respeto a la legalidad, en el ejercicio del poder público, es de especial importancia. Su papel no es el de validar los señalamientos que a priori se hagan sobre la culpabilidad de las personas sometidas a los procedimientos de su competencia, sino el de controlar que éstos se ciñan a los estándares que la Constitución impone.
El debido proceso, la presunción de inocencia, y el derecho a una tutela judicial efectiva, son conquistas sin cuya observancia se abre paso a la arbitrariedad. En tal sentido, la labor de los jueces es fundamental para asegurar que la persecución de los delitos se realice única y exclusivamente con apego a tales principios. Solo de esa manera resulta legítima.
Esto no significa que los jueces deban ser insensibles o ciegos a la situación por la que atraviesa nuestro país. Los jueces ejercen una de las vertientes del poder del Estado y son, en esa medida, —junto con los primeros respondientes, los encargados de la seguridad pública y los responsables de la procuración de justicia— eslabones de una misma cadena.
Su función no es la de oponerse u obstaculizar las labores de persecución del delito; pero tampoco es la de avalarlas sistemáticamente. El deber de los jueces es el de actuar con imparcialidad e independencia, alejados del más mínimo asomo de corrupción; al margen de las influencias que puedan provenir de los poderes formales y fácticos.
En tanto ejercen las funciones esenciales del Estado, todas las autoridades deben coordinarse y actuar conjuntamente para combatir la impunidad; pero cuando se trata de jueces, ello implica actuar con objetividad, como garantes de la Constitución y como depositarios de la función equilibradora que corresponde al Poder Judicial de la Federación.
Los jueces federales están cumpliendo con esa responsabilidad. El viejo sofisma de que la eficiencia y la eficacia en la persecución de los delitos es incompatible con el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos está quedando atrás y cada vez es más claro que, por el contrario, el respeto de tales principios es la única vía democrática para poder acceder a una justicia real y no simulada.
La paz y la justicia no pueden construirse más que sobre los cimientos del respeto a los principios y valores que legitiman el ejercicio mismo del poder. Solo así podrá ser duradera y aceptable para quienes han padecido los estragos de esta era de violencia.
