Tras la interrupción impuesta por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, se han retomado los trabajos para la aprobación de la “Reforma con y para el Poder Judicial”. Esta reforma —elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación y presentada como iniciativa por el Presidente de la República— responde a un claro compromiso del Estado Mexicano con la autonomía e independencia judiciales y ha sido ejemplo de diálogo y colaboración institucional.
Se trata de una reforma completa e integral, que consolidará la transformación de la justicia federal, por lo que debe analizarse en forma independiente de otras reformas que puedan ser necesarias en materia de procuración y justicia local, para no afectar la funcionalidad de la propuesta y respetar la intervención que se dio al Poder Judicial en su elaboración.
La justicia federal constituye, en la práctica, la instancia final de las disputas y es, muchas veces, la última esperanza para las personas de obtener justicia. La reforma que planteamos pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas; elevará la calidad de las sentencias —a través de una mejor formación de las personas juzgadores y del fortalecimiento de la carrera judicial—, y permitirá que la doctrina constitucional permeé de mejor manera a la labor de todos los operadores jurídicos. Se trata de una reforma que elevará los estándares de excelencia y honestidad, que dotará de mayores herramientas contra la corrupción y que dará a las mujeres la participación paritaria que les corresponde, en beneficio de toda la sociedad.
La iniciativa apuesta por un fortalecimiento de la Suprema Corte como tribunal constitucional, con la finalidad práctica de que sus interpretaciones hagan realidad los postulados constitucionales en la vida de las personas. Requerimos una Corte que resuelva menos asuntos y que se enfoque en establecer pautas de interpretación constitucional sólidas y bien argumentadas, que orienten no solo la labor de todos los jueces del país, sino de todas las autoridades. Debemos dar a las sentencias de la Corte un peso moral y jurídico que permita avanzar hacia una cultura de la constitucionalidad, característica de un pleno estado de derecho.
Por otro lado, se propone reglamentar un servicio profesional de carrera, en el que el acceso a todos los cargos jurisdiccionales será por concurso. Se transforma el Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de llevar a cabo los concursos y de impartir una formación sólida y de vanguardia, que dé paso a un nuevo perfil del juzgador federal.
En el rubro del combate al nepotismo y la corrupción, la iniciativa contempla dotar al Consejo de la Judicatura de herramientas reforzadas para combatir estos fenómenos y eleva a rango de ley las políticas que se han implementado con éxito a nivel administrativo. Asimismo, se reforma el procedimiento de responsabilidades para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción, incluyendo medidas cautelares más eficaces.
Para que la justicia federal esté al alcance de quienes menos tienen, es esencial consolidar la transformación del servicio de defensoría pública. Por ello, se prevé que sea la Escuela Judicial la que capacite a los defensores públicos y realice los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público. Asimismo, se amplían los servicios a la materia de amparo familiar, además de las materias penal y laboral. Los defensores públicos deben llegar a todos los rincones del país para brindar una representación y asesoría de la mayor calidad, como verdaderos abogados de los pobres.
Finalmente, la reforma se compromete con la paridad de género, incorporando la perspectiva de género como principio transversal a todas las políticas públicas y estableciendo la paridad como principio de la carrera judicial, como criterio de desempate en los concursos, y como política para los nombramientos. De igual manera, se establece que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual sin el consentimiento de la mujer constituyen faltas graves.
Las iniciativas que conforman esta reforma son producto de un ejercicio inédito de colaboración entre poderes. Está ahora en manos de las legisladoras y legisladores analizarla y aprobarla, pero los ejes que comprende son los adecuados y van en la dirección correcta. Sabemos en donde estamos y sabemos a dónde queremos ir.
