Nuestro sistema de justicia penal está roto. Es un sistema que mantiene ilegítimamente en la cárcel a decenas de miles de personas por delitos que nunca fueron debidamente investigados o que les fueron fabricados. Personas que no recibieron un juicio justo; juzgadas sin perspectiva de género o que, siendo indígenas, no fueron asistidas por un intérprete o traductor. Personas a las que se les impusieron condenas desproporcionadas; a las que se les niegan injustamente beneficios, o a las que, por estar acusadas por delitos de alto impacto, se les escatima la condición de humanidad. Personas que, simplemente, esperan en prisión preventiva que avancen juicios interminables mientras afuera nadie investiga nada.
De todo esto me hablaron las mujeres de Santa Martha Acatitla con lágrimas en los ojos, con profundo dolor, pero con un atisbo de esperanza.
Que hoy estemos hablando de ellas es un primer gran paso. Que sus historias resuenen y que sus rostros sean volteados a ver es el necesario punto de partida para cambiar las cosas. Que las veamos como las víctimas que son de un sistema profundamente injusto es el primer acuerdo al que debemos llegar como sociedad.
Y lo que sigue es tomar medidas. A una semana de mi visita al reclusorio de Santa Martha Acatitla anuncié cinco medidas, cuya implementación no solo beneficiará a muchas de las mujeres con las que tuve la oportunidad de dialogar, sino que tendrán impacto a nivel nacional y estructural.
La primera de ellas es la atención inmediata a por lo menos 200 de los casos que nos hicieron llegar en la visita. Desde la semana pasada, brigadas del Instituto Federal de Defensoría Pública están revisando los asuntos para brindar una defensa de calidad que permita corregir las injusticias, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Poder Judicial Federal y Ciudad de México, que permite a nuestros defensores y defensoras federales participar en asuntos del fuero local.
La segunda medida es a nivel nacional. En todos los asuntos defendidos por el Instituto Federal de Defensoría Pública se promoverán incidentes para que a todas las personas que lleven más de dos años en prisión preventiva se les revise la medida cautelar, conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Corte. De igual manera, nos coordinaremos con la defensoría de Ciudad de México para los casos concernientes al reclusorio de Santa Martha Acatitla.
La tercera medida es la concentración de amparos indirectos promovidos contra la imposición de prisión preventiva justificada, en ejercicio de la facultad que, a partir de la reforma judicial de 2021, le confiere el artículo 100 constitucional al Pleno del Consejo de la Judicatura. El uso generalizado y abusivo de la prisión preventiva ha sido identificado por diversos organismos internacionales como una violación grave de derechos fundamentales en nuestro país, lo que autoriza el decreto de esta medida por primera ocasión en la historia. La concentración de estos asuntos permitirá un abordaje integral de la cuestión, identificando y sistematizando las problemáticas comunes, a fin de ir generando criterios jurisdiccionales que guíen a los jueces y juezas de control y reduzcan el uso de la prisión preventiva a los casos estrictamente necesarios.
La cuarta medida es la continuación de los esfuerzos en materia de litigio estratégico a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública. El área de litigio estratégico, creada durante mi administración, ha conseguido importantes logros. Entre ellos, dio origen al criterio de la Primera Sala que ordena que debe revisarse la prisión preventiva, incluso la oficiosa, al cabo de dos años. Desde la Defensoría contribuiremos a la construcción de una doctrina sólida que haga de la prisión preventiva la excepción y no la regla.
Por último, lanzaremos un programa piloto de atención a las personas indígenas presas en los estados de Oaxaca y Chiapas, con el fin de valorar la celebración de un convenio de colaboración con dichos estados similar al que suscribimos con Ciudad de México.
Los siete meses que me restan en la Presidencia de la Corte y el Consejo los seguiré dedicando sin tregua a lograr una justicia cercana y sensible. No son palabras huecas, es una cuestión de derechos.
Arturo Zaldívar
