Quien ha recibido una llamada de extorsión conoce el nudo en el estómago, la incertidumbre que paraliza, el miedo que no se va. Quien ha sufrido el cobro de piso o ha sido amenazado por ejercer su trabajo de forma honesta, sabe que la extorsión no es solo un delito: es una forma de dominación que impide vivir con libertad. Un comerciante, un transportista, un productor del campo, una familia que abre cada día su pequeño negocio; nadie debería padecer esta injusticia. Y sin embargo, miles de personas la han enfrentado cotidianamente, sin protección ni salida.
La extorsión se ha vuelto uno de los delitos más extendidos en México. A diferencia de otras formas de violencia, su lógica es silenciosa, cotidiana y corrosiva: degrada la vida económica, rompe el tejido social y genera una atmósfera de amenaza permanente. Afecta particularmente a quienes se esfuerzan por trabajar con honestidad. Por eso, combatirla no solo es una prioridad de seguridad pública: es un imperativo de justicia.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso decisivo en esa dirección al presentar la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se trata de una política integral que parte de una convicción sencilla y contundente: ninguna persona debe vivir con miedo por ganarse la vida. Así, en el Gabinete de Seguridad se ha trazado un camino claro para enfrentar esta forma de violencia de manera frontal y eficaz.
Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la habilitación del número 089, una línea nacional dedicada a la recepción de denuncias anónimas por extorsión. Este canal permite iniciar carpetas de investigación sin necesidad de que la víctima se identifique, lo cual protege su integridad y elimina uno de los principales obstáculos para denunciar. Además, se capacitará a los operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, y se aplicará un protocolo especializado de atención a víctimas.
Pero la estrategia va mucho más allá de las denuncias. Incluye detenciones con base en inteligencia, operativos en centros penitenciarios para asegurar teléfonos con los que se realizan extorsiones, solicitar mandamientos judiciales para el bloqueo de líneas celulares utilizadas para extorsionar, congelamiento de cuentas bancarias con apoyo de la UIF y campañas de prevención en todo el país. También se establecerán unidades locales antiextorsión y se capacitará a cajeros y recepcionistas para detectar casos de extorsión o secuestro virtual.
Además, la Presidenta ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional para permitir la creación de una ley general contra la extorsión. Con esta reforma, el delito se perseguirá de oficio en todo el país. Es decir, ya no será necesario que la víctima denuncie para que las autoridades actúen. El Estado asumirá la responsabilidad total de investigar y castigar estos crímenes, protegiendo a quienes los sufren y cerrando la puerta a la impunidad.
Esta iniciativa es una muestra del compromiso profundo de la Presidenta con las causas del pueblo. En lugar de mirar hacia otro lado o administrar la crisis, su gobierno decide enfrentar el problema con firmeza y sensibilidad. La seguridad, en esta visión, no es una promesa abstracta ni una estadística manipulable: es la condición real para que cada persona pueda vivir y trabajar con dignidad.
La lucha contra la extorsión es, en el fondo, una lucha por la libertad. Libertad para emprender sin miedo, para producir sin amenazas, para crecer sin cadenas. Con esta estrategia, el Estado mexicano envía un mensaje claro: no se tolerará más el chantaje cotidiano que ha sofocado la vida de muchas personas en todo el país.
Falta por hacer, pero el rumbo es claro. El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha colocado el bienestar de la gente honesta en el centro de la agenda nacional. Porque no hay paz sin justicia, y no hay justicia mientras alguien tenga que pagar a la delincuencia por su tranquilidad.
